La Justicia Federal de La Plata ha decidido ampliar el procesamiento de altos directivos y empleados de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en el marco de la investigación por la distribución de fentanilo adulterado. Esta reciente resolución ha elevado la cifra de fallecidos confirmados a 90, junto con 44 casos de pacientes que han quedado con secuelas graves. Este aumento drástico en el número de víctimas fatales pone de manifiesto serias deficiencias en la producción del medicamento y cuestiona la eficacia de los controles estatales, revelando además limitaciones estructurales en el sistema sanitario argentino.
El juez Kreplak, a cargo del caso, enfatizó que el número real de fallecidos podría ser aún mayor. Afirmó que las circunstancias emergentes de la investigación permiten sostener con certeza que existen más casos que los actualmente imputados. Esto se debe a una serie de factores relacionados con la práctica hospitalaria en el país, como los criterios médicos utilizados, la tecnología disponible y la forma en que se registran los datos. La falta de documentación adecuada ha dificultado la obtención de pruebas que puedan dar cuenta del total de afectados por esta crisis sanitaria.
En su resolución, el juez destacó que la metodología utilizada para identificar a los pacientes afectados por este lote de fentanilo adulterado fue meticulosa. Se solicitó a todas las instituciones de salud que adquirieron el lote 31202 del medicamento un listado de los pacientes que recibieron ampollas de esa serie durante el periodo en cuestión. A partir de esta información, se pidieron historias clínicas e informes bacteriológicos de aquellos pacientes que recibieron cinco ampollas o más, estableciendo así un umbral de exposición que se consideró suficiente para investigar.
El análisis de los cultivos microbiológicos de los pacientes que recibieron el fentanilo fue exhaustivo. En aquellos casos donde se detectaron las mismas bacterias encontradas en las ampollas contaminadas, como Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia mannitolilytica, se compararon los perfiles de resistencia y características fenotípicas. Esta rigurosa metodología permitió que solo se incluyeran en la investigación aquellos casos con infecciones confirmadas y muestras extraídas de sitios estériles, excluyendo a aquellos que se encontraban en estado de colonización o eran parte de cultivos de vigilancia.
El gráfico incluido en la resolución judicial ilustra cómo se clasificaron a los pacientes en tres grupos diferentes, lo que permitió un enfoque sistemático para acotar el universo de víctimas. Sin embargo, el propio fallo reconoce que el número real de afectados podría ser aún mayor, dado que las limitaciones en la obtención de pruebas y registros en el sistema sanitario continúan siendo un obstáculo significativo.
En un pasaje relevante del fallo, se menciona que “pretender certeza científica para la prueba de la totalidad de los casos no resulta una exigencia razonable sino un celo dogmático improcedente”. Esta declaración pone de relieve la dificultad que enfrenta el sistema judicial al intentar establecer un panorama claro en medio de un contexto tan caótico. La resolución también detalla cómo se implementó una metodología judicial para superar las limitaciones del sistema sanitario, incluyendo la solicitud de historias clínicas y listados de pacientes a 32 establecimientos de salud.
Este caso de fentanilo adulterado no solo pone en evidencia la gravedad de la situación, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la regulación y control de medicamentos en Argentina. La falta de un sistema de supervisión efectivo ha expuesto a una parte vulnerable de la población a riesgos inaceptables. En un país donde la salud pública debería ser una prioridad, la crisis del fentanilo subraya la necesidad urgente de reformar y fortalecer los mecanismos de control sanitario para proteger a los ciudadanos.
