El Senado de la Nación Argentina se reunirá a partir de las 15 horas para abordar dos temas de gran relevancia en el ámbito político y social. En primer lugar, se discutirá la aprobación de un acuerdo alcanzado con dos grupos de acreedores, conocidos como holdouts, que demandan un total de 171 millones de dólares. Este pacto deberá ser enviado rápidamente a la Cámara de Diputados para su sanción, ya que la fecha límite para su aprobación se aproxima a finales de este mes. La urgencia de este trámite resalta la importancia que el gobierno actual le otorga a la resolución de viejas deudas, en un contexto de búsqueda de estabilidad financiera.
Además, el Senado también se dispone a convertir en ley la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas, una medida que busca fortalecer el control de la tenencia de armamento en el país. Este programa se extendería por cinco años más y está vinculado a la continuidad del camarista federal Carlos Mahiques, quien es padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Este vínculo familiar ha generado cierta controversia en el ámbito político, especialmente entre los sectores opositores, que cuestionan la independencia del sistema judicial.
La sesión senatorial también podría estar marcada por una serie de cuestiones de privilegio planteadas por legisladores del bloque kirchnerista, con el objetivo de criticar las políticas del Gobierno actual, que se define como liberal. Este clima de confrontación política se suma a la votación para elegir un nuevo prosecretario de Coordinación Operativa, un cargo que tradicionalmente ha estado ligado a las alianzas con el PRO, lo que podría generar tensiones adicionales en el recinto.
El acuerdo con los holdouts prevé que Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP acepten una quita de más del 30% sobre las sumas que reclaman en fallos firmes emitidos en Estados Unidos. Según los términos del acuerdo, Argentina se compromete a pagar 67 millones de dólares al primer grupo y 104 millones al segundo. Este tipo de arreglos es común en el ámbito internacional y se enmarca bajo el principio de “Entrega contra Pago” (DVP), donde los fondos se transfieren de manera simultánea con la cancelación de los compromisos, evitando así que los acreedores puedan iniciar nuevas acciones legales durante la transacción.
Un aspecto relevante del acuerdo es la inclusión de una cláusula de “standstill”, que impide que los acreedores tomen nuevas acciones legales o interfieran en operaciones financieras del país hasta que se cumpla con el pago acordado. Este punto es crucial para garantizar la estabilidad financiera mientras el Estado argentino busca resolver sus pasivos en litigio. Además, se menciona que el avance en este acuerdo podría facilitar la conclusión de investigaciones en curso sobre los activos del país, lo que podría tener un impacto significativo en la percepción internacional de Argentina.
El proyecto de ley que se presentará fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados en 2024 e introduce modificaciones en el procedimiento de regularización de armas de fuego. El objetivo es simplificar los trámites y continuar con el programa de entrega voluntaria de armas, que ha sido respaldado por distintas administraciones a lo largo de los años. Esta medida busca reducir la cantidad de armas en circulación y fomentar una cultura de responsabilidad entre los propietarios legales de armamento.
El director ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, destacó recientemente que la burocracia ha sido un obstáculo para el registro de armas, lo que ha desalentado a los usuarios responsables. Allan enfatizó que la gestión actual se ha enfocado en digitalizar el RENAR y facilitar el cumplimiento de la ley, con un aumento del 20% en la cantidad de objetos registrados en los últimos dos años. Estas cifras reflejan un esfuerzo por parte del Gobierno para modernizar el sistema y promover la legalidad en la tenencia de armas en Argentina.
