El debate en torno a la reforma laboral en Argentina cobró nuevo impulso en el Senado, donde la oposición, encabezada por el peronismo, intentó frenar la discusión alegando que la normativa contraviene disposiciones constitucionales y compromisos internacionales. Finalmente, con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, la Cámara alta dio luz verde al proyecto modificado por el gobierno de Javier Milei, que había sido previamente alterado por la Cámara de Diputados al eliminar el artículo que permitía la reducción de salarios durante las ausencias por enfermedad.
La reforma, que comprende más de doscientos artículos, introduce cambios significativos en los derechos laborales, así como en las normativas relacionadas con despidos, horarios de trabajo y vacaciones. Uno de los puntos más destacados es la derogación definitiva del recorte salarial en los casos de bajas médicas, tras la eliminación del polémico artículo 44. El gobierno de Milei ha presentado esta iniciativa como una modernización crucial para el mercado laboral, y el presidente la calificó en redes sociales como un hecho de relevancia histórica. Por su parte, la presidenta del Senado, Patricia Bullrich, afirmó que la ley busca enmendar "una estafa moral" que ha llevado a millones a la informalidad.
Bullrich, quien también ocupa un rol fundamental en el gabinete de Milei y fue ministra de Seguridad, defendió la reforma argumentando que generará previsibilidad tanto para trabajadores como para empresas, al tiempo que incentivará la creación de empleo y flexibilizará el mercado. Según sus palabras, muchas personas han sido empujadas a la informalidad en nombre de la protección laboral, y esta situación necesita ser corregida. Sin embargo, el senador del Partido Judicialista, Jorge Capitanich, advirtió que esta reforma podría perjudicar el empleo al precarizar las condiciones laborales y debilitar la protección salarial, señalando que la legislación vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza derechos a los trabajadores.
La aprobación final de la reforma ocurrió tras la eliminación de la disposición más controvertida por parte de la Cámara de Diputados, lo que obligó al Senado a revisar el proyecto y votar con las modificaciones introducidas. Esto dejó a la oposición peronista con pocas posibilidades de revertir la situación, y su intento por frenar el debate no tuvo éxito, a pesar de las alegaciones sobre la posible incompatibilidad con los acuerdos establecidos con la Unión Europea.
