A finales de febrero de 1976, específicamente el día 28, la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires ya poseía información crucial sobre el golpe de Estado que se avecinaba. Este acontecimiento, que marcaría el inicio de la última dictadura militar en Argentina, estaba prácticamente en marcha. La embajada se había convertido en un punto de referencia para diversos actores políticos, sindicales y sociales que buscaban orientación sobre la inminente crisis que atravesaba el país.
El embajador Robert Hill, quien mantenía conexiones con la CIA, enviaba informes detallados al secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, sobre la situación política en Argentina. A través de un documento clasificado como “Immediate 4675”, Hill reveló las preocupaciones expresadas por el diputado Antonio Tróccoli, quien se mostraba pesimista respecto a la posibilidad de un juicio político a la presidenta María Estela Martínez de Perón, señalando la falta de voluntad del Congreso para abordar la crisis.
Las conclusiones del informe indicaban que el golpe militar era inminente y enumeraban ocho aspectos clave sobre la situación política. Entre ellos, se destacaba que el futuro presidente sería el general Jorge Videla y que el Congreso sería cerrado, junto con la detención de Isabel Perón, quien no podría abandonar el país. Estas revelaciones subrayan el conocimiento profundo que tenía la diplomacia estadounidense sobre los eventos que estaban por desarrollarse en Argentina, lo que plantea interrogantes sobre su papel en la historia reciente del país.
