El Gobierno argentino ha tomado la decisión de acelerar el proceso de modificación de la legislación sobre la regularización de armas, buscando extender el programa de entrega voluntaria hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa, que se había aprobado en la Cámara de Diputados en 2024, se encuentra en la agenda de un plenario de comisiones que se llevará a cabo en los próximos días en el Senado. La propuesta no solo busca facilitar el procedimiento de regularización de armas de fuego, sino también ofrecer una alternativa a la ciudadanía para aquellos que deseen entregar sus armas de manera anónima y recibir un incentivo a cambio.

Las comisiones involucradas en este proceso son las de Seguridad Interior y Narcotráfico, así como la de Justicia y Asuntos Penales. La primera de estas comisiones es la responsable de discutir el proyecto que fue enviado por la Casa Rosada hace casi dos años, con el respaldo de figuras políticas clave como Javier Milei, la exministra de Seguridad y actual presidenta del Senado, Patricia Bullrich, y el exjefe de Gabinete Nicolás Posse. Cabe destacar que el texto legislativo se encuentra en riesgo de perder su estado parlamentario en febrero, lo que ha motivado la urgencia en su tratamiento.

En su mensaje al Congreso, el Gobierno subrayó la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una opción clara respecto a la tenencia de armas de fuego. La propuesta contempla la posibilidad de regularizar la tenencia de armas de forma excepcional o, en su defecto, la entrega voluntaria y anónima de las mismas, que serían destruidas a cambio de un incentivo. Esta estrategia se presenta como un componente esencial dentro de una política de seguridad pública, ya que busca asegurar una adecuada trazabilidad e identificación de las armas, teniendo en cuenta su capacidad de afectar gravemente la vida e integridad de las personas.

Además, el oficialismo ha señalado la existencia de un número considerable de armas en circulación que no están registradas, así como aquellas que, aunque están registradas, sus propietarios prefieren entregar. Esta situación es alarmante y resalta la necesidad de establecer un control más efectivo sobre el flujo de armas en el país. Según estimaciones, se cree que más de 800.000 armas se encuentran en un estado irregular, lo que representa un desafío significativo para las autoridades en términos de seguridad.

Uno de los principales obstáculos identificados en el proceso de registración de armas es la burocracia, lo que incluye la dificultad en el acceso a los trámites, los extensos tiempos de espera y la escasa digitalización de los procesos. El Gobierno ha reconocido que estas barreras han contribuido a que muchos ciudadanos no regularicen la tenencia de sus armas, lo que hace aún más urgente la implementación de cambios en la legislación.

Tras la aprobación del proyecto en Diputados, el director del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, ha sido convocado al Senado para defender la propuesta. Allan ha expuesto que uno de los objetivos de la reforma es mejorar la digitalización de los trámites, permitiendo que los legítimos usuarios puedan realizar los procedimientos desde la comodidad de sus hogares, eliminando así la necesidad de desplazamientos largos. Sin embargo, también enfatizó que, a pesar de la digitalización, se deben cumplir con los requisitos legales establecidos, como la aptitud de tiro y el examen psicofísico, para garantizar la seguridad en la tenencia de armas.

En resumen, el avance del proyecto de ley en el Senado podría representar un cambio significativo en la forma en que se regula la tenencia de armas en Argentina. La combinación de una mayor digitalización y la extensión del programa de entrega voluntaria podría ayudar a reducir el número de armas irregulares en circulación y, por ende, contribuir a mejorar la seguridad pública en el país.