La Justicia de Mendoza ha decidido imputar formalmente a Gabriel Eduardo Trejo como principal sospechoso del femicidio de Carla Johanna Magallanes, una mujer de 36 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en su hogar ubicado en San Martín. Este trágico suceso ha sido calificado como un homicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género, lo que conlleva una condena máxima de prisión perpetua, subrayando la gravedad del caso y la necesidad de abordar esta problemática de manera contundente.
El avance de la investigación se ha visto propulsado por los resultados iniciales de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense. El informe reveló que la causa de muerte de Magallanes fue una herida cortopunzante en el cuello, situada entre el maxilar y la oreja. Esta lesión, según los peritos, afectó arterias cruciales, lo que provocó un shock hipovolémico y un daño medular irreversible, resultando en la muerte de la víctima en un corto lapso de tiempo.
Los investigadores, tras llevar a cabo una reconstrucción de los hechos, indicaron que la mujer se encontraba en una situación de total indefensión en el momento del ataque. Este aspecto ha sido fundamental para agravar la acusación, ya que refuerza el contexto de violencia de género que rodea el caso. La vulnerabilidad de la víctima, sumada a la brutalidad del crimen, ha generado un clamor por justicia en la comunidad.
El hallazgo del cuerpo se produjo en el transcurso de la tarde del martes, cuando la madre y la hermana de Carla se dirigieron a su vivienda debido a la falta de comunicación durante varios días. Al llegar, encontraron el cadáver en un estado avanzado de descomposición en una habitación precaria. Además, se encontraron signos de violencia, manchas de sangre y evidencias que sugerían que pudo haber habido una lucha en el lugar.
Según informes de los forenses, se estima que la muerte de Magallanes ocurrió entre 48 horas y seis días antes de que su cuerpo fuera descubierto. Este dato ha generado aún más preocupación en la sociedad, que se pregunta sobre la posibilidad de que se hayan podido evitar tanto el crimen como el sufrimiento de la víctima en sus últimos días.
En los meses previos a su muerte, Carla Magallanes había estado atravesando una situación de gran vulnerabilidad social. Ella había estado recibiendo asistencia de la organización Red Puentes, ubicada en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, donde se le brindaba apoyo debido a su situación de calle y problemas de consumo. Sin embargo, había dejado de asistir a este espacio desde septiembre del año pasado, lo que ha llevado a cuestionar el sistema de protección para personas en riesgo.
Además, es importante mencionar que Carla era madre de tres hijas, quienes se encontraban bajo resguardo estatal debido a su situación. El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) había intervenido para garantizar la protección de las menores, lo que refleja el contexto crítico y complejo en el que vivía la víctima. La relación con Trejo, su pareja, estaba marcada por constantes conflictos, según testimonios de los vecinos, quienes afirmaron haber escuchado discusiones frecuentes entre ambos. Este caso no solo pone de manifiesto la necesidad de un cambio social y estructural para prevenir la violencia de género, sino que también resalta la urgencia de brindar apoyo efectivo a aquellas personas en situaciones de vulnerabilidad.
