En un contexto político marcado por la inminente convocatoria de una sesión opositora, el Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la Cámara de Diputados al avanzar en la reforma del régimen de zonas frías. Esta iniciativa, que buscará modificar las condiciones del subsidio al gas, podría resultar en una reducción del número de beneficiarios. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, participó activamente en la discusión, logrando que se emitiera un dictamen de mayoría que cuenta con el respaldo de 82 firmantes, principalmente de su bloque y aliados, mientras que la oposición peronista presentó un dictamen de minoría con 31 apoyos.

La reforma en cuestión es la segunda que intenta el oficialismo en poco tiempo, dado que previamente había presentado un proyecto similar en el marco del Presupuesto 2026. La última modificación del régimen anterior se había concretado en 2021, ampliando el alcance de los subsidios a un número considerable de hogares, pasando de cubrir 950,000 usuarios a cerca de 4 millones en diversas provincias. Este cambio había establecido subsidios que oscilan entre el 30% y el 50% en regiones del país como Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires.

La actual propuesta se inscribe en un contexto más amplio donde se han priorizado los ajustes en el gasto público. De hecho, la Disposición 20/2026, publicada recientemente, ha determinado una reducción de aproximadamente $110,000 millones en partidas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos. Este recorte se presenta como parte de la estrategia del Gobierno para racionalizar el uso de recursos, priorizando a quienes se consideran en una situación económica más vulnerable.

Durante su intervención en el plenario de Diputados, Tettamanti enfatizó la necesidad de modificar el esquema de subsidios, argumentando que los recursos disponibles son limitados y deben destinarse a quienes realmente los necesitan. "La Zona Fría subsidia a todos los usuarios independientemente de su nivel de ingresos", explicó, añadiendo que la propuesta busca que aquellos que pueden afrontar el costo de la energía lo hagan, mientras que los más necesitados recibirán el apoyo correspondiente.

Sin embargo, la oposición ha manifestado su desacuerdo con este enfoque. Ariel Rauschenberger, diputado de la provincia de La Pampa y representante de Unión por la Patria, criticó la contradicción inherente en el planteo del Gobierno, que propone que el subsidio se base en el nivel de ingresos y no en las condiciones climáticas de las regiones. En el marco de la discusión, el proyecto opositor incluye una prórroga de diez años para el régimen de promoción de energías renovables y sugiere la implementación de un Plan Federal de Infraestructura Energética, además de un mecanismo para la recomposición de la empresa CAMMESA, que involucra a distribuidoras municipales y provinciales.

A medida que se avanza en esta discusión, se evidencian las tensiones entre la necesidad de ajustar el gasto público y la imperante demanda social de mantener los subsidios energéticos en un país donde la inflación y la precariedad económica son preocupaciones centrales. La próxima semana se espera que la reforma sea debatida en sesión, lo que podría marcar un hito en la política energética del país y en la distribución de recursos para los sectores más vulnerables.