La temporada alta de paritarias 2026 ha dado inicio, marcando el comienzo de las negociaciones salariales que regirán durante el próximo año. En este contexto, el Gobierno se enfrenta a un panorama complicado, ya que, mientras trabaja en el decreto reglamentario de la reforma laboral, ha decidido postergar la implementación de acuerdos a nivel de empresa o región, tal como lo han solicitado los representantes del sector empleador.
Desde la Casa Rosada, se considera que ciertos aspectos de la nueva Ley 27.802 de Modernización Laboral no requieren de reglamentación, como la finalización de la ultraactividad de los convenios colectivos y el establecimiento de un tope del 2% para las cuotas solidarias. Sin embargo, hay otros puntos que necesitan ser desarrollados reglamentariamente antes de su aplicación efectiva, como la creación de sindicatos de empresa y las negociaciones por región.
La reciente paritaria acordada por el Sindicato de Camioneros se ha convertido en un primer indicador de cómo se manejarán estas negociaciones. Hugo Moyano, líder del sindicato, exigió un aumento del 8% para compensar las pérdidas frente a la inflación, además de mostrarse reacio a aceptar acuerdos con vigencia mayor a tres meses. Esto ha generado inquietud tanto en el Gobierno como entre algunos empresarios, quienes han solicitado a la Secretaría de Trabajo que se permita la apertura de negociaciones a nivel regional o empresarial, pero la respuesta ha sido negativa, advirtiendo que la ley no está plenamente operativa en ese aspecto.
La preocupación principal radica en que el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, busca mantener los aumentos salariales por debajo de la inflación, lo que podría intensificar las tensiones en el ámbito sindical, especialmente con los recientes incrementos en los Índices de Precios al Consumidor. Con la inflación de febrero alcanzando el 2,9%, se anticipa un ambiente conflictivo para las paritarias 2026, a medida que se establecen límites a los acuerdos salariales.
