El Gobierno argentino ha decidido incrementar el presupuesto del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en la suma de 590 millones de pesos, en respuesta a una orden judicial emitida por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Esta decisión busca asegurar la continuidad operativa del organismo, el cual juega un papel crucial en las investigaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad, en particular en la identificación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar.
La medida se produce en un contexto donde la situación del BNDG se había tornado crítica debido a la falta de recursos. El juez Ramos Padilla había instado al Gobierno a tomar las acciones administrativas y presupuestarias necesarias para garantizar el funcionamiento del banco, destacando que la preservación de muestras biológicas y la cadena de custodia estaban en riesgo. La resolución judicial fue impulsada por fiscales especializados en delitos de lesa humanidad, quienes alertaron sobre la precariedad del organismo y sus servicios esenciales como la limpieza, la vigilancia y la seguridad informática.
En su comunicación, el Gobierno argentino aseguró que ha comenzado a gestionar la incorporación de este crédito presupuestario, argumentando que todos los requerimientos relacionados con la ejecución del presupuesto solicitados por el BNDG han sido tramitados de manera adecuada. A pesar de la situación de urgencia, el Ejecutivo también ha solicitado que se revoque la medida cautelar que obligaba a garantizar de inmediato el funcionamiento del banco, lo que refleja una intención de normalizar la situación sin presiones judiciales.
La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, había advertido previamente que, ante la falta de financiamiento, la institución se encontraba imposibilitada de continuar con la toma de muestras biológicas, un proceso fundamental para la identificación de aquellos que podrían ser hijos e hijas de desaparecidos. Este hecho subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una solución rápida y efectiva para preservar la función del banco.
El 19 de mayo, funcionarios de la Jefatura de Gabinete se reunieron con representantes del BNDG y autoridades del banco, donde se discutió la situación crítica que atraviesa el organismo. Esta reunión fue clave, ya que permitió identificar las carencias y necesidades urgentes que deben abordarse para garantizar el funcionamiento del BNDG. La falta de recursos había llevado a la paralización de varios servicios esenciales, lo que pone en jaque no solo la infraestructura del banco, sino también su misión de justicia y reparación.
La decisión del Gobierno de aumentar el presupuesto es un paso positivo, aunque aún queda por ver cómo se implementarán estos fondos y si serán suficientes para resolver los problemas que enfrenta el BNDG. La comunidad y los organismos de derechos humanos esperan que esta medida no solo se traduzca en un alivio temporal, sino que también se establezcan políticas sostenibles para garantizar el funcionamiento a largo plazo de esta institución fundamental en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina.
