El Ministerio de Justicia ha implementado una veeduría en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esta decisión permitirá una auditoría exhaustiva sobre la administración y contabilidad de la entidad, intensificando un conflicto institucional que tiene repercusiones políticas significativas.

La intervención se llevará a cabo durante un período de 180 días hábiles, fusionando aspectos técnicos y jurídicos en un contexto donde el fútbol argentino se convierte en el epicentro de un debate más amplio sobre el control estatal y la transparencia institucional. La resolución, emitida por el Ministerio de Justicia, busca revisar documentación, auditar los estados contables y examinar el funcionamiento de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los veedores designados tendrán la autoridad para analizar los estados financieros, investigar transacciones con empresas privadas y evaluar la creación de la Universidad de la AFA. La IGJ justificó esta acción al señalar la falta de documentación y la ausencia de respuestas a requerimientos anteriores. El informe final podría resultar en sanciones administrativas o acciones judiciales, marcando un hito en la supervisión de la AFA, que ha visto un aumento en sus ingresos tras el Mundial de Qatar, aunque no ha acompañado este crecimiento con una adecuada rendición de cuentas.