En un movimiento significativo hacia la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el ministro de Economía, Luis Caputo, ha confirmado que el Gobierno procederá con la publicación de los pliegos para la licitación que busca vender el 90% de las acciones de la compañía, actualmente en manos del Estado Nacional. Esta decisión, que será formalizada en el Boletín Oficial el próximo viernes, marca un paso decisivo en la estrategia del oficialismo para atraer inversión privada al sector de servicios públicos.
Caputo explicó que la incorporación de un operador estratégico con la capacidad técnica, financiera y operativa adecuada permitiría no solo mejorar la calidad del servicio de agua y desagües, sino también expandir la red de servicios a millones de argentinos. En su mensaje en la red social X, el ministro subrayó que la iniciativa busca generar un marco de competencia y promover condiciones propicias para la inversión y el crecimiento económico, alejándose del uso de empresas públicas como herramientas políticas.
El plan del Gobierno no solo contempla la venta del 90% de las acciones a un operador privado, sino que también prevé conservar un 10% en manos de los trabajadores, lo que permite mantener cierto grado de participación y control por parte de los empleados en la gestión de la empresa. Esta estrategia también anticipa una posible apertura parcial de capital en el mercado en una etapa posterior, lo que podría diversificar aún más la estructura de propiedad de AySA.
La meta del oficialismo es clara: se espera recaudar aproximadamente 500 millones de dólares a través de esta privatización, lo que representa una inyección significativa de recursos en un contexto económico desafiante. La privatización de AySA no es un hecho aislado, sino que se inserta en un proceso más amplio que comenzó en julio de 2025, cuando se emitió el Decreto 493/2025, modificando el marco normativo de la empresa y permitiendo la enajenación de las acciones estatales.
Con la modificación del artículo 2° del Decreto 304/2006, el Estado dejó de lado el carácter intransferible de su participación en AySA, permitiendo que el 90% del capital social quede bajo la gestión del Ministerio de Economía. Esta reforma ha abierto la puerta para que el Gobierno pueda vender su participación total o parcialmente, lo que ha sido un tema de debate entre diferentes sectores políticos y sociales, que advierten sobre los riesgos de privatizar un servicio esencial.
Recientemente, el Gobierno también aprobó el modelo de contrato que regirá la concesión del servicio, formalizado mediante la Resolución 543/2026 del Ministerio de Economía. Este contrato establece que al menos el 51% de las acciones se transferirán a un operador estratégico mediante una licitación pública, tanto nacional como internacional. El resto de las acciones podría ser colocado en mercados y bolsas locales, abriendo una nueva etapa en la historia de la empresa.
El proceso de licitación, que avanza con rapidez, será observado con atención por el mercado, que evaluará diversos factores, incluyendo las capacidades de los posibles operadores y las condiciones del contrato establecido. Este proceso no solo tiene implicancias económicas, sino que también plantea interrogantes sobre el acceso y la calidad del servicio de agua en el futuro, un tema que es de suma importancia para la población argentina. Las autoridades deberán gestionar cuidadosamente este proceso para garantizar que se logren los objetivos económicos sin comprometer el bienestar de los ciudadanos.
