En un contexto de transformación normativa, el Gobierno argentino ha dado un paso significativo en la simplificación del marco regulatorio al derogar 16 resoluciones del ámbito económico. Esta decisión, que se formalizó a través de la resolución 12/2026, fue firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, y publicada en el Boletín Oficial en las primeras horas de esta mañana. La medida se produce un mes después de que el proyecto de ley Hojarasca obtuviera media sanción en la Cámara de Diputados, lo que refuerza el compromiso del actual gobierno con la desregulación y la modernización del sistema económico.
La Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, liderado por Federico Sturzenegger, ha justificado esta decisión como parte de un proceso más amplio de desregulación que busca eliminar normas que han quedado obsoletas o que ya no tienen un sustento legal. Entre las resoluciones derogadas se encuentran normativas tan relevantes como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la Ley del Observatorio de Precios. Estas disposiciones, que en su momento fueron clave para regular el comercio y la industria, ahora son consideradas innecesarias en el marco de un nuevo enfoque económico que prioriza la libre competencia y la reducción de la intervención estatal.
La resolución 12/2026 se basa en la Ley de Bases (N° 27.742) y en el Decreto N° 70/2023, los cuales establecen las condiciones para la eliminación de normativas que ya no cumplen con su propósito original. De acuerdo a lo señalado en el texto oficial, la proliferación de normas ha llevado a una situación de “superposición, desactualización y dispersión”, lo que dificulta la claridad y la eficacia del marco regulatorio. En este sentido, el Gobierno resalta la necesidad de llevar a cabo una revisión continua de las normativas vigentes para asegurar que estas respondan a las necesidades actuales del mercado.
El conjunto de normas derogadas incluye resoluciones emitidas entre 2006 y 2025 por diferentes secretarías, todas ellas dictadas bajo marcos legales que han perdido su aplicabilidad. La eliminación de estas regulaciones es vista por el Gobierno como un acto necesario para avanzar hacia un sistema más ágil y eficiente, que favorezca la inversión y la actividad económica. La medida ha sido recibida con interés por sectores empresariales que ven en esta desregulación una oportunidad para operar con mayor libertad.
Es relevante destacar que esta acción se alinea con el espíritu de la “Ley Hojarasca”, aunque sigue un camino administrativo que no requiere la intervención del Congreso. Mientras que la Ley Hojarasca, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, busca derogar 58 leyes y modificar otras ocho, la resolución 12/2026 se centra en la eliminación de normativas específicas de carácter administrativo. Esta dualidad en la estrategia del Gobierno refleja un enfoque pragmático para abordar la modernización del sistema regulatorio.
La media sanción del proyecto Hojarasca fue obtenida el 20 de mayo, con 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, evidenciando un respaldo considerable en el ámbito legislativo. Este proyecto no solo apunta a eliminar leyes consideradas anacrónicas, sino también a simplificar procesos administrativos, lo que podría repercutir positivamente en la actividad económica del país. A medida que ambas iniciativas avanzan, se plantea un debate sobre la necesidad de un equilibrio entre la desregulación y la protección de derechos fundamentales en el mercado.
En conclusión, la derogación de estas 16 resoluciones representa un avance en la agenda de desregulación del Gobierno, que busca despejar el camino para un entorno económico más flexible y competitivo. Sin embargo, es fundamental que este proceso se realice con un enfoque equilibrado, que garantice tanto la eficiencia económica como la protección de los derechos de los consumidores y trabajadores en el país.
