En una reciente actualización de su normativa, el Gobierno argentino ha reformado el régimen de importación de bienes usados, permitiendo la incorporación de nuevos equipos que son esenciales para sectores productivos clave. Esta medida, que busca facilitar el acceso a maquinaria, fue formalizada mediante la Resolución 5/2026 emitida por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, marcando un avance significativo en la política de importaciones del país.
La nueva normativa sustituye el Anexo I de una resolución anterior, lo que implica una redefinición del listado de bienes que pueden ser importados bajo este régimen. Este cambio se realiza en el contexto de la normativa vigente que regula la importación definitiva de bienes usados, la cual se rige por posiciones específicas dentro del nomenclador arancelario. De esta manera, el Gobierno busca no solo actualizar el marco normativo, sino también simplificar los procedimientos necesarios para la importación de estos bienes.
La necesidad de esta actualización surge en parte de la voluntad del Gobierno de alinear las regulaciones actuales con el Decreto 110/99 y sus modificaciones, que establece la prohibición general de importación de vehículos usados, pero permite excepciones para aquellos que se ajustan a características particulares. Con esta medida, se incorporan nuevos vehículos que cumplen con usos específicos, siguiendo lo que estipula el Decreto 273/2025, que permite que estos casos se integren al régimen general de bienes usados.
Uno de los aspectos más relevantes de esta resolución es la inclusión de maquinaria destinada a la actividad forestal, específicamente equipos denominados “forwarder” que se utilizan para el transporte de troncos. Según un informe técnico elaborado por la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales, esta decisión responde a necesidades identificadas en el sector foresto-industrial, las cuales fueron relevadas por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial. Esta inclusión no solo refleja una respuesta a las demandas del sector, sino que también busca fomentar la inversión y modernización de la cadena productiva.
Además, la normativa reafirma el papel de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME como la autoridad encargada de aplicar estas regulaciones, dotándola de facultades para establecer normas complementarias y actualizar el listado de posiciones arancelarias que se verán afectadas por estas nuevas disposiciones. Este enfoque busca no solo adaptarse a las necesidades del sector productivo, sino también garantizar que se respeten las reglas y restricciones generales que rigen las importaciones.
Este avance se inscribe dentro de un proceso más amplio de reorganización administrativa que fue dispuesto por el Decreto 215/2026, que ha delegado estas competencias al titular de la Secretaría de Coordinación de Producción dentro del Ministerio de Economía. Así, el Gobierno argentino continúa avanzando en una reconfiguración del esquema de importaciones de bienes usados, con el objetivo de armonizar las regulaciones, reducir las barreras administrativas y respaldar las demandas de un aparato productivo que busca adaptarse a un entorno económico en constante cambio.
