La reciente propuesta de desregulación del mercado inmobiliario ha desencadenado un intenso debate entre el Gobierno nacional y las asociaciones que representan a los corredores matriculados. Este intercambio de ideas se originó tras las declaraciones de Federico Sturzenegger, quien anticipó que un proyecto relacionado con el sector podría ser presentado en el Congreso en junio. Ante esta situación, diferentes referentes del ámbito inmobiliario fueron convocados para expresar sus opiniones sobre la iniciativa oficial, generando así un espacio para el diálogo y la confrontación de perspectivas.
En la reunión, participaron figuras destacadas del sector, como Marta Liotto, presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (COFECI), y su par del Colegio Inmobiliario porteño, Román Paikin. También se sumaron Jorge Alberto Pighin, vicepresidente primero de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), y Fernando Guzmán, secretario general de FIRA, quienes llevaron al encuentro las inquietudes y posturas de sus respectivas entidades. Junto a ellos, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado formaron parte de esta cita, donde se abordaron temas cruciales para el futuro del ejercicio profesional en el sector.
Durante el intercambio, los representantes del sector inmobiliario presentaron documentación institucional que subrayaba la relevancia de los colegios profesionales en la regulación del mercado. Se hizo hincapié en la necesidad de garantizar la capacitación continua y la ética profesional, así como en la importancia de los controles para asegurar la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias. La discusión no solo giró en torno a la desregulación, sino que también tocó aspectos éticos y profesionales que son fundamentales para la confianza de los consumidores en un sector que, a menudo, enfrenta críticas.
Marta Liotto, al finalizar la reunión, destacó que las diferencias ideológicas entre el Gobierno y el sector quedaron al descubierto. “No fue un encuentro fácil, ya que existen posturas muy marcadas”, comentó, enfatizando que la visión oficial tiende hacia una liberalización del mercado que podría poner en riesgo la profesionalidad del corretaje inmobiliario. Esta disparidad de enfoques refleja un conflicto más amplio sobre el rol del Estado en la regulación de las profesiones y los mercados.
Uno de los argumentos centrales presentados por las entidades fue la necesidad de proteger a los consumidores que participan en transacciones de compraventa y alquiler. Liotto subrayó que los corredores inmobiliarios son profesionales que se están formando constantemente para gestionar y mediar sobre los bienes patrimoniales de las personas. Según ella, los colegios cumplen una función esencial de supervisión y ordenamiento, garantizando que las operaciones se realicen de manera segura y profesional.
La preocupación por el alcance de la reforma es palpable entre los representantes del sector. Jorge Alberto Pighin, en su intervención, advirtió que la postura del Gobierno parece buscar ampliar la libertad de ejercicio de actividades económicas, incluida la del corretaje inmobiliario. Según Pighin, desde el Ministerio se sostiene que “el Estado no debería impedirle trabajar a nadie”, lo que podría abrir la puerta a la posibilidad de realizar actividades sin la necesidad de contar con una matrícula profesional, algo que inquieta a los corredores.
Pese a las diferencias, Pighin valoró el espacio de diálogo establecido con las autoridades, señalando que la reunión fue un primer paso importante. “Agradecemos la oportunidad de ser escuchados. Cada parte expuso su punto de vista y hubo un respeto mutuo en el intercambio”, concluyó. Sin embargo, dejó en claro que la FIRA mantendrá una postura crítica ante cualquier intento de eliminar los controles profesionales, reafirmando su compromiso con la defensa de estándares que aseguren la calidad y la seguridad en el sector inmobiliario.
