Una grave denuncia ha surgido en el ámbito político argentino, apuntando a un presunto uso indebido de los recursos de seguridad del Estado en beneficio de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La acusación, presentada ante la Oficina Anticorrupción, sostiene que parte del personal destinado a la custodia oficial habría sido desviado para llevar a cabo tareas de protección privada, lo que contraviene los protocolos establecidos y el uso legítimo de estas fuerzas.
Los letrados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, representantes del grupo Reset Republicano, han formalizado esta denuncia no solo contra Adorni, sino también contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente Javier Milei. La presentación se basa en un presunto desvío de la custodia oficial hacia actividades que no están relacionadas con la función pública, lo que podría constituir un incumplimiento de la normativa de ética pública y una malversación de fondos estatales.
Según el texto de la denuncia, al que tuvo acceso nuestro medio, se indica que se habrían utilizado efectivos policiales y vehículos oficiales para proteger a la esposa del jefe de Gabinete en actividades personales, sin que exista una justificación funcional que respalde tales acciones. Este uso discrecional de los recursos de seguridad se habría llevado a cabo en horarios y espacios ajenos a las obligaciones del funcionario, lo que genera serias interrogantes sobre la gestión de la seguridad pública y la ética de quienes están en el poder.
Los denunciantes han aportado ejemplos específicos en los que, según afirman, se ha observado el uso de vehículos identificables como parte de la custodia oficial en situaciones vinculadas a la vida privada de Angeletti. Estas situaciones podrían ser interpretadas como un desvío de poder y un uso inadecuado de recursos estatales, lo que no solo afecta la transparencia del gobierno, sino que también compromete la confianza ciudadana.
Un aspecto crucial de la denuncia señala que la función de la custodia oficial debe ser exclusivamente la protección del funcionario en función de su cargo. Por ende, extender este servicio a terceras personas sin una autorización expresa y justificada no solo es inapropiado, sino que podría estar en violación de las normativas vigentes. La denuncia exige una investigación exhaustiva para esclarecer quién autorizó estos operativos y bajo qué normativa se realizaron.
Un momento clave en este escándalo se produjo el 29 de abril, cuando Manuel Adorni fue interpelado en la Cámara de Diputados respecto a la asignación de custodia policial a su esposa y el uso que ella hacía de este servicio para actividades recreativas, como visitas a bares, incluso hasta altas horas de la madrugada. La situación se tornó más polémica cuando, en lugar de negar las acusaciones, Adorni pareció confirmarlas, argumentando que se estaba vulnerando la privacidad de su esposa, lo que ha generado aún más críticas hacia su gestión.
La denuncia también solicita que se tomen medidas de prueba, como el relevamiento de órdenes de servicio, registros de movilidad y comunicaciones internas relacionadas con la custodia. Esto no solo busca esclarecer la situación, sino también restablecer la confianza en una gestión que ha sido cuestionada en múltiples ocasiones. En un contexto donde la transparencia y la ética en la función pública son más necesarias que nunca, este caso podría ser un punto de inflexión para la política argentina y su relación con los ciudadanos.
