En un giro significativo dentro del ámbito judicial salvadoreño, la defensa de un grupo de exguerrilleros ha solicitado formalmente a un tribunal que ponga fin al proceso penal que enfrenta sus representados. Los exguerrilleros están acusados de terrorismo por presuntamente planear atentados durante la ceremonia de asunción del segundo mandato de Nayib Bukele, previsto para el próximo mes. La solicitud de sobreseimiento, según indicó el abogado defensor Luis Rivera, se basa en la falta de pruebas sólidas que sustenten las acusaciones de la Fiscalía.
La Fiscalía de El Salvador ha imputado a una decena de exguerrilleros, quienes fueron arrestados a finales de mayo de 2024, por delitos vinculados a la pertenencia a organizaciones terroristas y la preparación de actos terroristas. Esta situación ha generado un amplio debate en la sociedad salvadoreña, que observa cómo se desarrollan los procesos judiciales en medio de un clima de tensión política. Rivera, en declaraciones a la prensa, enfatizó que "no existen elementos probatorios robustos ni suficientes" para condenar a sus defendidos, lo que motiva su pedido de sobreseimiento definitivo.
El abogado Guillermo García, también parte del equipo defensor, agregó que están presentando pruebas documentales y testimoniales que demostrarían la inocencia de los exguerrilleros. “Es fundamental que la jueza considere los elementos de descargo”, señaló García, quien critica la falta de fundamentación en las pruebas presentadas por la Fiscalía. La defensa sostiene que los elementos alegados por la Fiscalía no cumplen con los requisitos legales necesarios para mantener a sus defendidos en prisión, lo que consideran una situación “injusta”.
Los exguerrilleros en cuestión incluyen a José Santos Melara, Atilio Montalvo, Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel y Luis Menjívar. La acusación contra ellos ha suscitado preocupación entre diversos sectores de la población, que ven en este caso una posible violación a los derechos humanos y a la justicia. La situación se agrava en un contexto donde las voces críticas al gobierno de Bukele se enfrentan a un aumento del acoso policial y judicial.
El clima de represión ha llevado a que, según informes de organizaciones humanitarias, alrededor de 130 activistas, abogados y periodistas se hayan visto obligados a exiliarse debido a la persecución por parte del gobierno. Este fenómeno ha sido especialmente evidente desde que se produjeron detenciones de defensores de derechos humanos en 2025, lo que ha generado un clima de miedo y silencio entre quienes se oponen a las políticas del presidente. Las organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el uso del sistema judicial como herramienta de control político.
En el contexto más amplio de la política salvadoreña, es importante señalar que en enero de 2024, un grupo de organizaciones de veteranos de la guerra civil y de exguerrilleros retiró su apoyo a Bukele, tras acusarlo de no cumplir con un acuerdo firmado en 2018. Este desacuerdo se produjo justo antes de las elecciones del 4 de febrero, donde Bukele logró su reelección. La falta de cumplimiento de compromisos previos ha alimentado el desencanto de sectores que una vez apoyaron al actual mandatario y plantea interrogantes sobre la dirección hacia la que se encamina El Salvador bajo su liderazgo.
