El Gobierno argentino ha presentado recientemente un proyecto en el Congreso que busca modificar la vigente Ley de Tierras, con la intención de eliminar las restricciones actuales sobre la adquisición de grandes superficies rurales por parte de inversores extranjeros. Este nuevo enfoque legislativo ha generado un intenso debate entre diferentes sectores de la sociedad, quienes se cuestionan no solo los motivos que impulsan esta reforma, sino también las posibles repercusiones que podría tener sobre la tenencia de tierras, el acceso a recursos naturales y los derechos de las comunidades locales.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la eliminación del límite del 15% en la compra de tierras por extranjeros, así como la eliminación del cupo máximo por nacionalidad. Además, se plantea la supresión del límite de superficie, que en la zona pampeana era de mil hectáreas, permitiendo de esta manera una mayor flexibilidad para la compra de terrenos. También se habilitaría la adquisición de nacientes y ojos de agua, un tema que ha suscitado preocupación entre ambientalistas y sectores de la sociedad civil, ya que hasta ahora estaba prohibido para foráneos.
Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), ha señalado que la actual Ley de Tierras, que fue implementada durante el gobierno de Néstor Kirchner, no ha sido verdaderamente efectiva en la protección de los intereses nacionales. Según Morales, la normativa permitía que se establecieran entramados societarios mediante los cuales los inversores extranjeros podían eludir las restricciones, utilizando a argentinos como intermediarios. Esto pone en evidencia que la reforma podría ser más un intento de adecuar la normativa a prácticas que ya se estaban llevando a cabo, que una respuesta a una demanda real de inversión extranjera.
En el marco de este debate, Morales también advirtió sobre las implicaciones que tendría esta reforma sobre la Ley de Expropiaciones, sugiriendo que podría incrementar el costo que el Estado tendría que asumir al expropiar tierras para proyectos de infraestructura. Por otro lado, se amplía la capacidad de empresas y ciudadanos extranjeros para adquirir tierras, lo que podría desencadenar un aumento en la concentración de la propiedad de la tierra en manos foráneas, un tema que ya ha sido objeto de crítica por diversos sectores de la sociedad.
Por su parte, Juan Ignacio Liebana, obispo de Chascomús y miembro de la Pastoral Social Nacional, ha expresado su preocupación respecto a que esta medida podría poner en riesgo la biodiversidad del país, que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Liebana enfatizó la importancia de proteger las fuentes de agua dulce y advirtió que la reforma podría facilitar la implementación de proyectos extractivistas que no necesariamente beneficien al desarrollo local ni a la protección del medio ambiente.
El debate en torno a la modificación de la Ley de Tierras pone de manifiesto la necesidad de un análisis profundo sobre el acceso y uso de la tierra en Argentina. Morales enfatizó que, si bien el Estado tiene la obligación de contar con tierras para implementar proyectos económicos, también es crucial reconocer el derecho a la propiedad comunitaria indígena, que está consagrado en la Constitución, pero que carece de una ley que la regule adecuadamente. La falta de seguridad jurídica sobre las tierras que ocupan muchas comunidades vulnerables es un aspecto que no puede ser desestimado en este contexto.
En resumen, la propuesta de reforma a la Ley de Tierras plantea un escenario complejo donde se entrelazan intereses económicos, derechos comunitarios y la protección del medio ambiente. La discusión que se está llevando a cabo en el Congreso no solo definirá el futuro de la propiedad de la tierra en Argentina, sino que también será un reflejo del compromiso del país con su población y sus recursos naturales.
