El mes de junio de 2023 se ha marcado como un periodo crítico para las finanzas provinciales en Argentina, dado que el Gobierno Nacional implementó un ajuste significativo en las transferencias no automáticas, alcanzando niveles que no se veían desde hace más de dos décadas. Según datos recientes, estos envíos, que incluyen tanto los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como otros recursos acordados con las provincias, sufrieron una caída del 87,7% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. Este drástico recorte ha generado preocupación sobre la capacidad de las provincias para afrontar sus obligaciones y mantener servicios esenciales.
El total de transferencias no automáticas durante junio se situó en $48.300 millones, una cifra alarmantemente baja que, de acuerdo a la consultora Politikon Chaco, representa el junio más bajo desde 2005. Este recorte no solo afecta a las provincias en términos de recursos económicos, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro del financiamiento federal y la autonomía financiera de las jurisdicciones subnacionales. La caída abrupta de estos fondos se suma a una serie de situaciones de crisis fiscal que enfrentan muchas provincias, exacerbando la tensión entre el gobierno central y los gobiernos provinciales.
Los envíos se centraron en tres conceptos clave. El primero fue la Universalización de la Jornada Extendida, que representó un 51% de los pagos, totalizando $24.460 millones y beneficiando a diecisiete provincias. Este programa, que busca ampliar el acceso a la educación, ha sido uno de los pocos rubros que se mantuvo relativamente intacto, lo que sugiere que el gobierno está priorizando ciertas áreas a pesar del ajuste generalizado.
El segundo concepto importante fue el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, que recibió $4.985 millones, lo que representa el 10% del total enviado. Este fondo se distribuyó entre tres provincias: Catamarca, Jujuy y Salta, y es fundamental para mejorar la infraestructura de servicios básicos en estas regiones. Sin embargo, la dependencia de estos fondos específicos también subraya la vulnerabilidad de las provincias ante la disminución de recursos federales en general.
Por último, las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales totalizaron $4.000 millones, aunque se destinaron únicamente a Corrientes, lo que pone de manifiesto la falta de distribución equitativa de los recursos. En conjunto, estos tres rubros representaron el 69% de los fondos enviados en junio, lo que indica que la mayoría de las transferencias están concentradas en áreas específicas, dejando a muchas provincias con recursos limitados para otras necesidades urgentes.
La provincia que más recibió fue Buenos Aires, con $13.159 millones, equivalente al 27,2% del total. La mayor parte de estos fondos estuvo vinculada a la Jornada Extendida. En contraste, Corrientes y Santa Fe recibieron montos menores, destacando la disparidad en la distribución de recursos entre las distintas provincias. En medio de este panorama, el Gobierno no otorgó fondos del ATN durante dos meses, lo que deja un saldo acumulado de $109.000 millones para el primer semestre.
En términos acumulados, las transferencias no automáticas alcanzaron los $639.589 millones en los primeros seis meses de 2023, lo que representa una caída real del 61,8% en comparación con el mismo período del año anterior. Este es el segundo peor registro para un primer semestre desde 2005, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación. Mientras tanto, las transferencias por Coparticipación Federal de Impuestos también mostraron un descenso, alcanzando $5,3 billones, lo que refleja un contexto económico sumamente desafiante para las provincias argentinas en el actual panorama fiscal.
