Cristina Fernández de Kirchner ha presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de eliminar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como parte querellante en la causa que investiga su vinculación con Hotesur. Esta acción surge como respuesta a una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que habilitó la participación del organismo en el proceso judicial. La ex presidenta sostiene que la UIF carece de las facultades necesarias para actuar como acusadora en este caso, lo que ha generado un fuerte debate sobre la legitimidad de su intervención.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, argumenta que la presencia de la UIF en el juicio no solo es ilegal, sino que también representa un daño irreparable para su defendida. Según Beraldi, la unidad está en condiciones de impulsar acciones penales, presentar pruebas y apelar decisiones judiciales, todo lo cual, según él, contraviene el principio de legalidad. Este punto es crucial, ya que pone en tela de juicio la equidad del proceso judicial y la posible persecución política que podría enfrentar Kirchner.
La defensa también ha señalado que la intervención de la UIF genera una inequidad en el tratamiento de los funcionarios, dado que el organismo solo parece actuar contra ex miembros de gobiernos anteriores. En este sentido, se ha argumentado que hay múltiples acusaciones contra funcionarios del actual gobierno que no están siendo investigadas por la UIF, lo que da lugar a acusaciones de sesgo y selectividad en la aplicación de la justicia. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial en Argentina y la posibilidad de que se utilice como herramienta de persecución política.
Beraldi ha indicado que la decisión de la Cámara de Casación de permitir que la UIF continúe como parte del juicio contradice el decreto 274/2025, que derogó la facultad de la UIF para actuar como querellante en casos penales. Este decreto había sido implementado para evitar que la unidad interviniera en procesos en los que no tenía un interés legítimo. Por lo tanto, la defensa de Kirchner sostiene que la actuación de la UIF no solo es problemática desde un punto de vista legal, sino que también socava la confianza pública en la justicia.
En otro aspecto, la Subdirección de Litigios Penales de la UIF ha manifestado ante la Cámara de Casación que el decreto de derogación no afecta su capacidad de seguir actuando como acusadora en causas donde ya había sido aceptada. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por la defensa de Kirchner, que argumenta que esta interpretación es errónea y que contradice los principios fundamentales de la ley. La situación se complica aún más por el hecho de que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) aún no ha fijado una fecha para el inicio de las audiencias del juicio oral, lo que añade incertidumbre al proceso.
Por su parte, el fiscal Diego Velasco ha presentado un recurso ante la misma Sala de Casación, cuestionando la decisión del TOF 5 de no dar inicio al debate oral. Velasco sostiene que la instrucción suplementaria está casi concluida y que es viable comenzar el juicio. Esta situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre los distintos actores del sistema judicial y las presiones políticas que pueden influir en el desarrollo de los procesos judiciales en Argentina, especialmente en casos tan mediáticos y polémicos como el de Hotesur.
