La discusión en torno al financiamiento y el papel de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) ha vuelto a cobrar relevancia en el ámbito nacional, especialmente tras la decisión del gobierno de eliminar los aportes obligatorios de las bodegas que sustentan su funcionamiento. Esta medida ha generado incertidumbre sobre la continuidad de esta entidad que opera de manera público-privada, lo que podría tener consecuencias significativas para la industria del vino en el país.
Coviar fue establecida por ley en 2004 con el objetivo de coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), un proyecto diseñado para transformar de manera estructural el sector vitivinícola argentino. Este plan tenía como metas claras el aumento de las exportaciones, la mejora de la competitividad, la promoción de la integración entre los actores de la cadena, el fortalecimiento del mercado interno y el desarrollo territorial de las regiones productoras. Sin embargo, a lo largo de los años, diversos sectores dentro de la cadena de valor del vino han expresado críticas por no ver reflejados sus intereses y necesidades en las acciones de Coviar.
Recientemente, la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei ha agudizado estas tensiones. La diputada provincial de Mendoza, María Gabriela Lizana, quien también es productora vitivinícola y consultora en comercio exterior, ha destacado que el debate sobre el futuro de Coviar trasciende lo institucional. "Lo que está en juego es el modelo de vitivinicultura y el futuro de las economías regionales en Argentina", afirmó Lizana, enfatizando la importancia de definir claramente qué rumbo tomará el sector.
En una reciente entrevista, la legisladora expresó su preocupación por la falta de un plan estratégico. "Sin un enfoque claro, es probable que la desarticulación de la industria del vino se intensifique aún más", advirtió. Además, Lizana subrayó que los productores son el eslabón más vulnerable dentro de la cadena, y que su situación nunca ha sido adecuadamente visibilizada, lo que agrava su precariedad.
La situación actual de la industria vitivinícola argentina es compleja y requiere un análisis profundo. En Mendoza, por ejemplo, la cantidad de viñedos ha disminuido drásticamente. De las 196.000 hectáreas que existían, se han perdido 3.726 en tiempos recientes. Este retroceso no solo implica la pérdida de superficie cultivada, sino que también refleja una tendencia de concentración alarmante en el sector. Esto repercute negativamente en las comunidades rurales y en el desarrollo territorial, ya que la falta de actividad agrícola lleva a la desertificación de tierras y a la pérdida de empleos.
El panorama es diverso: mientras existen bodegas pequeñas y medianas que luchan por sobrevivir, también hay grandes productores y fraccionadores que dominan el mercado. En este contexto, los grandes jugadores internacionales juegan un papel crucial, ya que suelen tener el control de la cadena completa, comprando una gran cantidad de uva y vino. Esta concentración de poder puede llevar a un desequilibrio aún mayor en el sector, afectando a los pequeños y medianos productores que no pueden competir en igualdad de condiciones.
La necesidad de un plan estratégico sólido que contemple las realidades del sector es más urgente que nunca. La falta de acción y visión podría condenar a la industria vitivinícola a un futuro incierto. Es vital que se generen espacios de diálogo entre todos los actores involucrados en la producción y distribución del vino para construir un modelo que garantice la sustentabilidad y el crecimiento de este emblemático sector argentino.
