El 15 de mayo de 2025 quedó marcado como un hito en la historia de la justicia bonaerense, cuando se desató un escándalo que sacudió los cimientos de la magistratura en la provincia. A un año de estos eventos, la figura central, Julieta Makintach, ex jueza del caso por la muerte de Diego Maradona, enfrenta serias imputaciones que han puesto en jaque su carrera profesional. La situación se tornó aún más compleja cuando se reveló que Makintach estaba filmando un documental sin autorización durante el desarrollo del juicio, un acto que ha sido calificado como una grave falta a la ética judicial.
La audiencia en la que se descubrió esta irregularidad fue particularmente inusual. En medio del proceso, se observó un cambio de roles dentro del tribunal, lo que generó suspicacias y puso en evidencia el comportamiento extraño de Makintach. Su estilo de interrogar a los testigos y su actitud desafiante hacia los imputados fueron elementos que alimentaron la percepción de que había algo más detrás de su actuación. Sin embargo, hasta ese momento, muchos consideraban que estas observaciones eran meras conjeturas.
La revelación acerca del documental fue el punto de inflexión que llevó a una serie de investigaciones. La aparición de dos individuos en la sala, que se presentaron como escritores, despertó las dudas del defensor de Leopoldo Luque, quien pidió que se investigara su posible vínculo con la ex jueza. Este abogado, Julio Rivas, logró conectar los puntos y planteó sus inquietudes ante el tribunal, lo que llevó a la presentación de una denuncia penal por parte de Fernando Burlando, otro abogado del caso, solicitando que se investigara la relación de Makintach con una productora audiovisual.
La causa fue asignada a la UFI N°1 de San Isidro, donde un equipo de fiscales comenzó a recopilar pruebas y testimonios que eventualmente confirmaron las sospechas iniciales. Durante los allanamientos, se hallaron materiales comprometidos, incluyendo videos en los que Makintach se dirigía a la cámara, lo que resultó en la nulidad del juicio que se estaba llevando a cabo en ese momento. Además, varios testigos afirmaron que personas cercanas a la ex jueza asistieron a las audiencias con permisos especiales, lo que incrementó las irregularidades del caso.
Como resultado de estas indagaciones, los fiscales solicitaron la destitución de Makintach, quien fue oficialmente imputada por varios delitos. Entre los cargos se incluyen cohecho pasivo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y peculado de servicios. La gravedad de las acusaciones llevó a su destitución en noviembre de 2025, en un juicio político que se llevó a cabo en el anexo de la Cámara de Senadores de La Plata. La decisión fue unánime y fue presidida por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte Bonaerense.
Sin embargo, el caso no se limita a la figura de la ex jueza. Su mejor amiga, María Lía Alemán, también enfrenta cargos por su implicación en el escándalo. Alemán ha reconocido su relación cercana con Makintach en varios documentos, lo que ha complicado aún más la situación judicial. A pesar de las graves acusaciones y el impacto mediático del caso, el proceso se encuentra actualmente estancado, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial para resolver este tipo de situaciones.
El escándalo de Julieta Makintach ha resaltado la necesidad de una revisión profunda de los procedimientos judiciales en la provincia. La falta de claridad en el avance de la causa ha generado desconfianza en la ciudadanía respecto a la imparcialidad del sistema judicial. A medida que se cumplen los plazos y las expectativas de resolución se dilatan, la sociedad sigue demandando respuestas y una justicia que, al menos en este caso, parece haber quedado atrapada en un limbo poco favorable para la credibilidad del poder judicial.
