El sistema de transporte público en diversas provincias del país se encuentra en medio de una crisis significativa, exacerbada por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios. Esta situación ha llevado a una disminución constante en la cantidad de pasajeros, lo que impacta negativamente en la viabilidad económica de las empresas de transporte.
En Rosario de la Frontera, una localidad de Salta, Carlos Aponte, propietario de la firma Aponte SRL, anunció la suspensión definitiva de su servicio debido a la drástica caída en la venta de boletos. Esta medida refleja una problemática que se replica en diferentes partes del país. De manera similar, en Chaco, la empresa ERSA Urbano, que opera dentro del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM), informó sobre su intención de cesar operaciones a partir del 30 de abril, dejando a miles de usuarios y más de 230 trabajadores en incertidumbre.
El gobierno chaqueño ha rechazado las justificaciones presentadas por las empresas, argumentando que no es aceptable que se abandonen servicios esenciales por falta de rentabilidad. En este contexto, el Ministerio de Infraestructura provincial ha advertido sobre posibles sanciones y acciones legales si las empresas siguen adelante con sus decisiones unilaterales. La situación pone de manifiesto la complejidad de la crisis, donde las empresas demandan rentabilidad mientras que los estados provinciales intentan sostener servicios públicos esenciales con recursos limitados.
