En un desarrollo que ha captado la atención de la opinión pública, Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos de remodelación en la residencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante los medios para ratificar que el costo total de la obra ascendió a u$s245.000. Esta declaración se produce en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario, quien ha sido objeto de acusaciones por parte de diferentes actores políticos, incluido Javier Milei.
Tabar, al hablar sobre la naturaleza del pago, subrayó que la transacción se llevó a cabo en dólares, pero aclaró que no se trató de un pago directo en efectivo, sino de una serie de desembolsos acordados a medida que avanzaban los trabajos. "No es que yo le cobré u$s250 mil y me los trajo a casa en una caja. Yo le paso un presupuesto, él lo acepta y luego se van haciendo ajustes durante el proceso de construcción", explicó el contratista, enfatizando que este método es común en su industria.
La relación entre Tabar y Adorni, según el contratista, fue de cordialidad y normalidad. Afirmó que no emitió facturas para los pagos, una práctica que, según él, es habitual en el sector de la construcción en Argentina. "Nadie en Argentina que esté construyendo una casa declara todo", afirmó, defendiendo así su postura sobre el trabajo en negro, aunque admitiendo que no es una práctica correcta.
En una entrevista posterior, Tabar refutó las acusaciones de Milei, quien había insinuado que él estaba vinculado al kirchnerismo. "Voté a Milei, pero eso no tiene nada que ver con este asunto", afirmó, destacando que su decisión política no influye en su testimonio. Además, reconoció haber tenido vínculos con agrupaciones vecinales peronistas, aunque insistió en que nunca fue parte de estructuras kirchneristas.
La declaración de Tabar ha reavivado el debate sobre el patrimonio de Adorni, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia. El contratista detalló que la familia Adorni pagó un total de u$s245.000 en efectivo por las obras, lo que ha llevado a diversos análisis sobre la legalidad y la transparencia de estas transacciones. La causa ha cobrado relevancia no solo por las implicaciones legales, sino también por su potencial impacto en la imagen del gobierno actual.
En respuesta a estas declaraciones, el entorno de Manuel Adorni ha minimizado la importancia del testimonio de Tabar. Aseguran que se implementarán medidas periciales para desvirtuar las afirmaciones del contratista y sostienen que la investigación no debería afectar la agenda política del gobierno. Sin embargo, la situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza, que podría repercutir en la percepción pública sobre la gestión del jefe de Gabinete y su entorno cercano.
