En el marco de la Comisión de Investigación sobre el sistema ferroviario español, el ex presidente de Adif, Ángel Contreras, ha rechazado las afirmaciones que sugieren la existencia de recortes en la inversión destinada al mantenimiento de las infraestructuras durante su gestión entre 2023 y 2024. Esta declaración se produce en respuesta a las acusaciones formuladas por el senador del Partido Popular, Juan José Sanz Vitorio, quien ha presentado documentos internos de la compañía para respaldar su postura durante la audiencia.

Sanz Vitorio, en su intervención, hizo referencia a correos electrónicos de 2020, período que coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19. En esos mensajes, Contreras, entonces director general de Conservación y Mantenimiento, y otros altos funcionarios de Adif, discutían la posibilidad de implementar ajustes del 15% en los presupuestos asignados a mantenimiento. El senador argumentó que estos recortes podrían haber afectado la seguridad del sistema ferroviario, especialmente tras los recientes accidentes en Adamuz y Gelida, lo que intensificó la necesidad de una revisión exhaustiva sobre cómo se manejan los recursos en esta área crítica.

Frente a estas acusaciones, Contreras aseguró que los ajustes mencionados no se concretaron y que su propósito era simplemente adaptarse a la drástica reducción del tráfico ferroviario provocada por las restricciones de movilidad impuestas durante la pandemia. Según su versión, la inversión en mantenimiento no solo se mantuvo, sino que experimentó un aumento significativo: de 45.000 euros por kilómetro en 2018 a 71.000 euros en la red convencional y de 83.000 a 110.000 en la alta velocidad. Estas cifras, según él, demuestran un compromiso continuo con la seguridad y la mejora de los servicios ferroviarios.

El exdirectivo también enfatizó que la necesidad de licitar la compra de trenes de auscultación surgió de una situación precaria que se arrastraba desde antes de su llegada a la dirección. Contreras destacó que la falta de inversión en el parque de maquinaria había generado un atraso considerable, lo que le llevó a tomar decisiones críticas para modernizar y mantener la infraestructura ferroviaria. Al presentarse como un técnico en lugar de un político, intentó diferenciar su gestión del entorno político y poner el foco en su responsabilidad técnica en la toma de decisiones.

Además, en respuesta a las insinuaciones de corrupción planteadas por Sanz Vitorio, Contreras defendió su trayectoria en Adif, afirmando que sus decisiones habían permitido un ahorro significativo para las arcas públicas. En un caso particular, mencionó que su gestión evitó la concesión de 600.000 euros a una empresa supuestamente implicada en un escándalo de corrupción, lo que refuerza su argumento de que las medidas adoptadas no solo fueron responsables, sino también éticamente justificadas.

Este cruce de acusaciones y defensas pone de relieve la complejidad de la gestión del sistema ferroviario en España, especialmente en un contexto donde la pandemia ha influido profundamente en los recursos y la planificación. Las investigaciones en curso buscan clarificar la situación y asegurar que se mantenga la integridad y la seguridad del transporte ferroviario en el país. La respuesta de Contreras podría cambiar el rumbo del debate, dependiendo de la interpretación que los miembros de la Comisión hagan sobre la gestión de recursos en un momento de crisis como el que se vivió.

En conclusión, la defensa de Ángel Contreras sobre su gestión en Adif no solo se basa en cifras, sino en su experiencia técnica. Sin embargo, la percepción pública y política de estas decisiones será crucial para el futuro del sistema ferroviario y la confianza en sus directivos. La continuidad de esta discusión podría determinar no solo el futuro de los responsables actuales, sino también establecer precedentes para la gestión de infraestructuras críticas en el país.