Las editoriales responsables de Ámbito han decidido presentar una acción judicial contra el Estado nacional, exigiendo la restauración del acceso a la Casa Rosada para sus periodistas. Esta medida se produce tras la decisión gubernamental de retirar las acreditaciones de los reporteros, lo que ha generado un fuerte debate sobre la libertad de prensa y el derecho a la información en Argentina.
La acción de amparo fue interpuesta por las empresas NEFIR SA y Editorial Amfin SA, que son las responsables del medio. En su presentación, solicitan que se restablezca de forma inmediata la autorización de ingreso a las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes han cubierto las actividades del Poder Ejecutivo durante años. La demanda subraya que la restricción impuesta por el Gobierno no solo afecta a las profesionales en cuestión, sino que también limita el derecho de la ciudadanía a informarse sobre las acciones del Estado.
En la documentación presentada ante la Justicia federal, se menciona que ambas periodistas contaban con acreditaciones permanentes para ingresar al edificio gubernamental. Sin embargo, el 23 de abril, al intentar acceder a Balcarce 50, se les informó que sus huellas digitales habían sido eliminadas del sistema de control de ingreso. Este hecho ha sido interpretado como un ataque directo a la libertad de prensa, un principio fundamental en cualquier democracia.
El escrito de la acción de amparo argumenta que la decisión de restringir el acceso fue tomada de manera “ilegítima y arbitraria” por parte del Poder Ejecutivo. Se señala específicamente a la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y la Casa Militar, instancias que han sido involucradas en la implementación de esta medida. La presentación judicial también resalta que el medio cumplió con todos los requisitos para mantener las acreditaciones de sus periodistas, lo que añade un nivel de complejidad al caso.
El secretario de Comunicación, Javier Lanari, realizó declaraciones en redes sociales donde argumentó que la decisión de retirar las huellas dactilares de los periodistas acreditados se tomó como medida preventiva tras una denuncia por presunto espionaje ilegal. Esta justificación ha generado un fuerte rechazo en el ámbito periodístico, que ve en esta medida una amenaza a la independencia y al ejercicio del periodismo.
La situación ha motivado la intervención de organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), quienes han expresado su alarma ante las restricciones impuestas por el Gobierno. Estas entidades consideran que la libertad de prensa es un pilar esencial para el funcionamiento democrático del país y que cualquier intento de censura o control sobre los medios de comunicación debe ser resistido y denunciado. La resolución de este caso no solo afectará a las periodistas involucradas, sino que también sentará un precedente importante sobre la relación entre el Estado y la prensa en Argentina.
