La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió un llamado a la acción este martes, subrayando los progresos realizados por Argentina en su lucha contra el cohecho internacional. Sin embargo, la entidad advirtió sobre la necesidad urgente de establecer un marco integral que proteja a los denunciantes, así como de incrementar la cantidad de jueces en el sistema judicial argentino. Este análisis se presenta en el contexto de un informe detallado que evalúa las prácticas y políticas del país en esta materia.
El informe señala que, a pesar de los avances, Argentina aún enfrenta obstáculos estructurales que limitan la efectividad en la detección y el enjuiciamiento de delitos relacionados con cohecho internacional. En particular, se destaca la carencia de un marco legal que salvaguarde a quienes denuncian actos de corrupción, lo que genera un entorno poco propicio para la denuncia de irregularidades. Esto se convierte en un factor crítico, ya que la falta de protección puede desincentivar a potenciales denunciantes, perpetuando la impunidad y dificultando la aplicación de la ley.
La OCDE enfatiza la necesidad de que Argentina implemente de manera urgente un sistema de protección para los denunciantes, que abarque tanto el sector público como el privado. Este sistema debería garantizar que las denuncias de cohecho internacional sean investigadas y resueltas sin demoras excesivas, lo que a su vez contribuiría a mejorar la confianza en las instituciones y el sistema judicial. La implementación de estas medidas es esencial para fomentar un entorno en el que la denuncia de actos ilícitos sea vista como un acto de valentía y no como un riesgo personal.
En adición a la protección de denunciantes, el organismo internacional instó a las autoridades argentinas a aplicar completamente el Código Procesal Penal Federal en aquellas jurisdicciones federales que aún no lo han hecho. Esta medida es crucial para asegurar una respuesta uniforme y efectiva frente a delitos económicos, y para garantizar que el sistema judicial funcione de manera coherente y eficiente en todo el país. Asimismo, la OCDE exhortó a reducir significativamente la cantidad de vacantes en el sistema judicial, tanto en posiciones titulares como suplentes, para mejorar la capacidad operativa del mismo.
A pesar de que instituciones como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) han mostrado avances en sus capacidades analíticas y en la promoción de la cooperación internacional, persisten desafíos significativos. En particular, se destaca que los retrasos en los procesos judiciales continúan siendo un obstáculo, generando dificultades en la recolección de pruebas y en los plazos de prescripción de los delitos. Esto pone en evidencia la necesidad de reformas profundas y efectivas en la administración de justicia.
A pesar de haber resuelto en 2025 el primer caso de cohecho en el extranjero en el ámbito local, la OCDE subraya que muy pocos casos logran avanzar hasta el juicio. Hasta el momento, ninguna persona jurídica ha enfrentado investigaciones o sanciones por cohecho internacional según la Ley de Responsabilidad Empresarial, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas a lo largo de los últimos ocho años. Este escenario refleja la imperante necesidad de una revisión crítica y de acciones decididas por parte del Estado argentino para abordar la corrupción de manera integral y efectiva.
