La Cámara Federal de Casación Penal, en su Sala II, ha decidido reabrir el debate en torno a la figura del femicidio relacionada con el atentado perpetrado contra la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Este movimiento se produce tras la presentación de un recurso de queja que desafiaba la decisión del Tribunal Oral Federal 6, el cual había descartado la posibilidad de tipificar el ataque como un femicidio. La nueva evaluación busca determinar si el intento de asesinato debe ser encuadrado en el marco de la violencia de género, una cuestión de suma relevancia en el contexto actual, donde la violencia contra las mujeres y en el ámbito político ha cobrado una visibilidad alarmante.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), liderada por Mariela Labozzetta, ha sido la encargada de plantear esta cuestión ante la Corte. En su argumentación, Labozzetta destacó que las acciones de los acusados se desarrollaron en un contexto de violencia simbólica y de hostigamiento mediático que buscaba debilitar a la víctima en función de su condición como mujer política. Esta perspectiva es crucial, ya que no solo se trata del ataque físico, sino que también abarca las dinámicas de poder y control que subyacen a la violencia de género, particularmente en el ámbito público.
El caso en cuestión no es menor. Durante el juicio, Fernando Sabag Montiel fue condenado a diez años de prisión y Brenda Elizabeth Uliarte a ocho años. La fiscalía había solicitado penas aún más severas, con 15 años para Sabag y 14 para Uliarte, considerando que eran responsables de un homicidio agravado por alevosía, uso de arma de fuego y, esencialmente, por la mediación de la violencia de género. Esta categorización es fundamental para entender la gravedad del ataque y su impacto en la sociedad, especialmente en un país donde la violencia de género sigue siendo un grave problema estructural.
El tribunal supremo penal argentino, en esta ocasión, ha decidido dar lugar a la solicitud de la UFEM, con la votación favorable de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci. Es importante señalar que la jueza Ángela de Ledesma no participó de la decisión debido a que estaba de licencia. La revaluación de este caso podría establecer un precedente significativo en la aplicación de la perspectiva de género en situaciones que involucran ataques a figuras públicas femeninas, lo que podría tener repercusiones más amplias en el tratamiento judicial de futuros casos similares.
Una vez aceptado el recurso, se dará vista al fiscal de Casación, Mario Villar, quien deberá pronunciarse sobre la validez del criterio del TOF 6, que excluyó la figura del femicidio en su fallo. Esta revisión es fundamental, ya que el análisis de la violencia de género no puede limitarse a una interpretación estrictamente individual de las acciones del agresor, sino que debe considerar las estructuras sociales que perpetúan esta violencia.
La fiscal Labozzetta enfatizó que la violencia de género, de acuerdo con el tipo penal, se manifiesta claramente en este caso a través de conductas que buscan mantener y reforzar relaciones desiguales de poder. Este enfoque es esencial para entender el fenómeno de la violencia política, especialmente en el contexto de la Ley 26.485, que busca proteger a las mujeres de todas las formas de violencia. La importancia de este caso radica no solo en la condena de los agresores, sino en la posibilidad de que se reconozcan y se actúe contra las estructuras que perpetúan la violencia de género en todos sus ámbitos.
El ataque contra Cristina Kirchner tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022, frente a su domicilio en Recoleta, antes de su actual reclusión en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por su condena en otro proceso judicial. Durante el ataque, Sabag Montiel disparó a escasos veinte centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, mientras esta interactuaba con un grupo de militantes. La rápida intervención de civiles permitió la detención del agresor antes de que la situación se tornara aún más trágica. Este incidente pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la violencia de género y política de manera integral, garantizando justicia y protección para todas las mujeres en el ámbito público.
