Las Relatoras Especiales de la ONU, Gina Romero, Alexandra Xanthaki, Irene Khan y Mary Lawlor, han emitido una severa carta dirigida al régimen cubano, en la que se expone un alarmante esquema de represión que incluye persecución, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas contra defensores de derechos humanos y activistas en la isla. Este documento, conocido como JAL CUB 3/2026, destaca un modelo de control que se traduce en una opción sombría para los disidentes: elegir entre la prisión o el exilio. La denuncia ha sido respaldada por organizaciones como Prisoners Defenders y el Consorcio Justicia, que subrayan que estas prácticas afectan de manera generalizada a artistas y activistas que abogan por la democracia en Cuba.
La misiva, enviada el 7 de enero de 2026 y publicada en marzo, no recibió respuesta por parte del gobierno cubano en el plazo de 60 días estipulado por Naciones Unidas para que los estados puedan presentar alegaciones. Según Prisoners Defenders, esta falta de respuesta se interpreta como una aceptación implícita de las acusaciones, lo que pone de manifiesto la situación represiva que enfrenta Cuba ante la comunidad internacional. Tal silencio no solo refuerza la imagen de un régimen que ignora los derechos humanos, sino que también revela una falta de voluntad para cambiar su enfoque hacia la disidencia.
Uno de los casos más alarmantes mencionado en la carta es el de José Daniel Ferrer, un reconocido activista que ha sido objeto de múltiples detenciones que violan los principios del debido proceso. Ferrer pasó más de seis años en prisión, a pesar de que su condena original era de cuatro años y seis meses. En dos ocasiones, fue víctima de desapariciones forzadas, una de las cuales se prolongó por 37 días y otra por 72 horas, tras su re-detención en abril de 2025. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha calificado su situación como una serie de detenciones arbitrarias de distintos tipos, lo que resalta la gravedad del caso.
Las relatoras también hacen referencia a la resolución del Parlamento Europeo, emitida en septiembre de 2024, que alertó sobre las condiciones críticas en las que se encuentra Ferrer. La falta de atención médica, la escasez de alimentos y las condiciones insalubres bajo las que se encuentra, acompañadas de denuncias de tortura y tratos crueles, como intentos de asfixia y la negación de alimentos, constituyen una violación flagrante de varios tratados internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura, de la cual Cuba es parte.
Otro caso destacado es el de Yosvany Rosell García Caso, quien fue arrestado tras participar en una manifestación en Holguín y condenado a 15 años de prisión por sedición, en un contexto marcado por apagones prolongados y escasez de alimentos. Durante su hospitalización, en un estado crítico, fue sometido a vigilancia estricta, frecuentemente esposado a la cama, mientras su familia enfrentaba hostigamientos y restricciones en las visitas, lo que añade otro nivel de sufrimiento a una situación ya de por sí desgarradora.
Además, las Relatoras Especiales mencionan la persecución del rapero Maykel Castillo Pérez, quien ha enfrentado procesos judiciales destinados a silenciar su voz creativa cuando sus letras critican al gobierno. Junto a la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, estos casos son representativos de un patrón sistemático de represión que busca silenciar a quienes se atreven a desafiar el status quo. La comunidad internacional debe mantener la presión sobre el régimen cubano para que ponga fin a estas violaciones de derechos humanos y permita el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la disidencia.
