La Cámara Federal de Casación Penal ha ratificado las condenas impuestas a dos hombres que formaban parte de una organización dedicada a la venta de automóviles robados con documentos falsificados, operando incluso desde el interior de una cárcel en la provincia de Buenos Aires. La jueza Ángela Ledesma, en una decisión unipersonal, desestimó los recursos presentados por las defensas y confirmó tanto las sanciones dictadas por el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín como la declaración de reincidencia y la unificación de penas previas en uno de los casos, lo que resultó en una condena total de 27 años y 6 meses de prisión.
El 21 de agosto de 2025, el tribunal había condenado a Juan Manuel Castillo a cuatro años de prisión por su participación en la organización delictiva. Adicionalmente, le fue impuesta una pena única de cinco años de cárcel, junto a una multa y otros costos, tras revocarse la condicionalidad de sentencias anteriores. Por su parte, Nicolás Nahuel Medina, considerado el organizador de la banda, recibió una pena de seis años de prisión, que al unificarse con condenas previas por delitos graves como secuestro extorsivo y homicidio en grado de tentativa, llevó su sentencia a 27 años y 6 meses de prisión, también con declaración de reincidencia.
La pesquisa judicial demostró el funcionamiento de esta organización delictiva, encargada de la venta de vehículos robados, falsificación de documentos y colocación de patentes adulteradas. Según las evidencias, la banda estuvo activa entre febrero y agosto de 2023. Medina, quien se encontraba encarcelado en la Unidad Carcelaria de Olmos, coordinaba las operaciones desde la prisión, mientras que Castillo y otros miembros en libertad se encargaban de trasladar los vehículos, almacenarlos en domicilios particulares, falsificar la documentación y concretar las ventas. La investigación se inició a partir de la declaración de un imputado en otro caso federal, que reveló la existencia de este grupo delictivo.
Las pruebas presentadas durante el juicio incluyeron escuchas telefónicas y registros de comunicaciones digitales. En una conversación clave del 26 de abril de 2023, se evidenció cómo Medina contactaba a posibles compradores y daba instrucciones a Castillo, apodado "el gordo", para ejecutar los movimientos de los autos y obtener la documentación necesaria. El tribunal determinó que la participación de Castillo fue fundamental para el funcionamiento de esta red criminal.
