El Juzgado en lo Correccional N° 6 de San Isidro emitió este martes un fallo contundente que condena a un exfiscal y a tres implicados por su participación en la manipulación de pruebas durante la investigación del asalto a la vivienda de Sergio Massa y Malena Galmarini, que tuvo lugar en 2013 en Tigre. El juez Hernán Sergio Archelli determinó que Carlos Washington Palacios, junto a los abogados Tomás Ángel Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español, así como el testigo César Emiliano Jaunarena, llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas para favorecer a Alcides Gorgonio Díaz, quien ya había sido condenado por el delito de robo.
El incidente original, que se registró el 21 de julio de 2013, fue presentado inicialmente como un simple robo, pero rápidamente adquirió dimensiones más complejas en el ámbito judicial. A medida que avanzaban las investigaciones, se descubrió que el suceso tenía características de un hecho de intimidación política, lo que derivó en la condena de Díaz a 13 años de prisión. Sin embargo, el camino hacia la justicia se vio entorpecido por la intervención de los ahora condenados, quienes intentaron manipular el proceso para debilitar la validez de las pruebas que sustentaron la primera sentencia.
En el transcurso de la investigación, el tribunal reveló que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, Palacios, Pérez Bodria, Español y Jaunarena implementaron una estrategia para sembrar dudas respecto a la legitimidad de los allanamientos realizados. Esta maniobra incluyó la presentación de una denuncia por amenazas, que resultó ser una táctica para introducir pruebas falsas en el juicio oral, con la intención de favorecer a Díaz en su situación procesal.
El exfiscal Palacios, que estaba a cargo de la UFI N° 1 de Pilar, fue señalado como el principal responsable de desviar la investigación al recibir la denuncia de Jaunarena. Al mismo tiempo, los abogados involucrados fueron acusados de orientar al testigo para que proporcionara información falsa en sus declaraciones, lo que comprometió aún más la integridad del proceso judicial. Entre las falsedades expuestas, se destacó la afirmación de que la policía había encontrado más dinero del que se había registrado en las actas, así como la supuesta presencia de un individuo no identificado en la escena del allanamiento.
La trama de corrupción se desmoronó gracias a las evidencias recolectadas, que incluyeron grabaciones de llamadas y testimonios de policías que participaron en la investigación. Uno de los testimonios más impactantes fue el del comisario Gabriel Natiello, quien relató cómo, antes del juicio, Palacios y Pérez Bodria intentaron presionarlo para que modificara su declaración. Este tipo de intervenciones no solo socavan la confianza en el sistema judicial, sino que también evidencian la gravedad de los delitos cometidos por los implicados.
El fallo judicial resultó en penas severas: Carlos Washington Palacios fue condenado a seis años de prisión y a doce años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por su parte, los abogados Pérez Bodria y Español recibieron una pena de cinco años de prisión y cinco años de inhabilitación profesional, mientras que Jaunarena fue sentenciado a cuatro años tras ser considerado cómplice de la trama. Estas condenas no solo buscan reparar el daño causado, sino que también envían un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción en el sistema judicial.
Cabe mencionar que este no es el primer antecedente negativo para Palacios, quien había sido destituido de su cargo en 2019 tras un jury que concluyó que había incumplido con sus deberes funcionales. La gravedad de los hechos y el impacto institucional que generan son aspectos que el juez Archelli tuvo en cuenta al momento de determinar las penas, subrayando la importancia de mantener la integridad del sistema judicial en Argentina y la necesidad de sancionar a aquellos que intentan socavarlo desde adentro.
