Las tensiones internas y los conflictos en el seno de Vox en Castilla y León han salido a la luz en los últimos meses, evidenciando un clima de descontento. La reciente expulsión de dos procuradores que promovieron una corriente crítica dentro del grupo y la renuncia de Juan García-Gallardo por diferencias en torno a la gestión migratoria han marcado el rumbo reciente de este partido, liderado por Santiago Abascal. A pesar de estas divisiones, Vox ha registrado un aumento en su apoyo electoral, aunque el crecimiento obtenido en las elecciones autonómicas del domingo fue inferior al pronosticado por los sondeos.

Con un total de 14 procuradores, uno más que en 2022, Vox ha logrado posicionarse como una fuerza clave en el futuro del gobierno autonómico encabezado por Alfonso Fernández Mañueco. La formación de extrema derecha alcanzó el 18,8% de los votos, superando el 17,6% de las elecciones anteriores, aunque no llegó al 20% que anticipaban las encuestas. Este leve ascenso permite a Vox continuar influyendo en las decisiones políticas de la región, que ha estado bajo el dominio del Partido Popular desde 1987.

A pesar de las expectativas de un crecimiento más significativo, los líderes de Vox ya habían descartado la posibilidad de duplicar su representación, como sucedió en otras comunidades. Así, el aumento en el número de procuradores, aunque modesto, es suficiente para mantener la presión sobre el Partido Popular. Castilla y León se ha convertido en un laboratorio de los acuerdos entre ambos partidos, y las tensiones por desacuerdos en políticas clave han puesto en jaque la estabilidad de la coalición. La situación se complicó aún más en 2024, cuando las divergencias sobre la acogida de menores migrantes desataron la ruptura del ejecutivo conjunto, marcando un nuevo capítulo en la relación entre Vox y el PP.