La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, bajo la conducción de la jueza Ángela E. Ledesma, ha decidido aceptar un recurso presentado por la defensa, lo que resultó en la anulación de una resolución que había rechazado la suspensión del juicio a prueba en un caso de evasión tributaria simple.

El tribunal de primera instancia había negado la posibilidad de acceder a este beneficio, basándose en la oposición del Ministerio Público Fiscal y en una interpretación restrictiva del artículo 76 bis del Código Penal, que establece prohibiciones en delitos tributarios. Sin embargo, la jueza Ledesma argumentó que la cuestión no debía resolverse de manera automática, sino que requería un análisis más profundo y flexible que tomara en cuenta la doctrina establecida por la Corte Suprema en casos previos, como el de “Acosta”.

Ledesma destacó que la oposición del fiscal no es vinculante cuando se limita a citar una supuesta prohibición sin realizar un análisis pertinente respecto a la conveniencia de la acusación en el caso específico. Este fallo es significativo, ya que refuerza la idea de que, incluso en el ámbito de los delitos tributarios, es necesario evaluar la pertinencia de la probation con criterios amplios que respeten los derechos del imputado, evitando interpretaciones que puedan resultar excesivamente restrictivas.