La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, salió en defensa de la Ley 31751, conocida como la Ley Soto, que establece un año como plazo para la suspensión de la prescripción de delitos. En una entrevista reciente, Pacheco aclaró que esta normativa no debe interpretarse como una legislación procrimen, sino como una medida que busca proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pacheco argumentó que cuando transcurre un periodo prolongado desde la comisión de un delito, ya no se trata de sancionar una conducta inapropiada, ya que el hecho se diluye en el tiempo y se pierde en la memoria colectiva. La presidenta del TC destacó que las penas en Perú son amplias, poniendo como ejemplo que el delito de violación tiene una prescripción ordinaria de 20 años, que puede ampliarse en otros 10 años bajo circunstancias extraordinarias.

La Ley Soto, que fue ratificada por el Tribunal Constitucional con una votación de seis votos a favor y uno en contra, ha generado controversia por su impacto inmediato en el sistema judicial. La nueva legislación ha llevado al archivo de casos penales en contra de figuras políticas, como el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, y el exmandatario Martín Vizcarra. Los críticos han calificado esta norma de “procrimen”, argumentando que no considera la gravedad de cada delito, a diferencia de la regulación anterior que permitía un periodo de suspensión más extenso.

El Tribunal Constitucional ha desestimado las críticas y la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto, reafirmando que la ley es necesaria para llenar un vacío legislativo y garantizar el derecho a un juicio en un tiempo razonable.