En julio de 2023, una mujer otomí, que se encontraba en la recta final de su embarazo con 38 semanas de gestación, se presentó en el Hospital Rural N.º 30 Ixmiquilpan, en Hidalgo, debido a un sangrado vaginal. Allí, fue atendida por un médico en su período de servicio social, quien le informó que aún no había iniciado el trabajo de parto y le recomendó realizarse un ultrasonido.

Al presentar los resultados del ultrasonido, el personal médico dictaminó que no había motivos para su preocupación y la envió de regreso a su hogar. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el estudio indicaba claramente la necesidad de realizar una cesárea, un diagnóstico que la mujer, tras regresar al mismo hospital, no pudo hacer valer. El residente que la atendió desestimó la urgencia del procedimiento debido al peso del bebé, lo que resultó en la lamentable confirmación de la muerte del feto aproximadamente una hora después.

Después de esta tragedia, se le solicitó a la mujer que firmara un consentimiento para una intervención quirúrgica sin una explicación adecuada de los riesgos involucrados. Posteriormente, fue trasladada al Hospital General del Valle del Mezquital, donde finalmente recibió la atención médica que necesitaba, según lo informado por la CNDH. Esta situación evidenció una serie de violaciones a los derechos humanos de la mujer, especialmente en lo que respecta a la protección de la salud materna y el derecho a una atención digna, lo que ha llevado a la CNDH a exigir reparaciones y atención psicológica para las víctimas afectadas por esta negligencia.