La investigación sobre el atentado a la AMIA, ocurrido en 1994, ha recibido un nuevo impulso con la incorporación de pruebas que respaldan la teoría de que el ataque fue planificado y financiado desde Irán, con la ejecución a cargo de Hezbollah. La Fiscalía, bajo la dirección del fiscal federal Sebastián Basso, ha trabajado para validar de manera independiente la información suministrada anteriormente por la Secretaría de Inteligencia, logrando reunir un vasto conjunto de evidencias.
En el expediente se han agregado más de 50 testimonios, 30 informes oficiales elaborados por diferentes organismos estatales y fuerzas de seguridad, así como registros de telecomunicaciones, documentación sobre movimientos migratorios y pruebas de falsificación. Este caudal de información se vio enriquecido por las declaraciones de cuatro disidentes iraníes que, desde Francia, aportaron detalles sobre la organización del atentado y confirmaron la implicación de Alí Asghar Hejazi, un alto funcionario del régimen iraní.
El fiscal Basso ha solicitado al juez Daniel Rafecas la emisión de una orden de captura internacional contra Hejazi y el procesamiento de otros diez acusados ya identificados en el caso. En un extenso documento de 201 páginas, se detalla la mecánica del atentado, que involucró a un conductor suicida que hizo estallar una camioneta Renault Trafic con 300 kilos de explosivos frente a la sede de la AMIA, un modus operandi característico de Hezbollah. Según el fiscal, la evidencia recopilada durante las diversas instancias judiciales refuerza la certeza sobre la autoría del ataque.
