La ministra de Sanidad, Mónica García, emitió una advertencia contundente este martes respecto a las implicaciones legales que podría enfrentar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si no se establece el registro de objetores de conciencia en relación al aborto. Esta medida, contemplada en la legislación sobre el aborto desde 2003, ha generado un conflicto significativo en el último año entre el Gobierno y la región, que considera dicha iniciativa como una forma de persecución hacia los médicos que se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo.

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó una orden al Ejecutivo regional para que inicie de inmediato el proceso de creación del registro. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado su intención de apelar esta decisión, argumentando que el fallo no aborda la cuestión central del asunto.

Durante su participación en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, García subrayó las posibles repercusiones legales de ignorar una orden judicial. “El marco legal español es explícito en este aspecto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios que se resistan a cumplir resoluciones judiciales pueden enfrentar penas que incluyen multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos”, puntualizó la ministra. En respuesta a los comentarios de Ayuso, quien había expresado su intención de no aplicar el registro, García reafirmó su compromiso de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de las mujeres, instando a la presidenta a adherirse a la normativa vigente.