La Contraloría General de la República ha alertado sobre serias irregularidades en la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), las cuales comprometen bienes del Estado por un valor aproximado de $8.839 millones. Estas irregularidades fueron expuestas en un reciente informe de auditoría que revela deficiencias en los controles internos y en la gestión de recursos durante los años 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
El informe de la Contraloría señala que la SAE, encargada de la custodia y administración de bienes decomisados a organizaciones criminales, presenta debilidades operativas que afectan su eficiencia y transparencia. Se identificaron un total de 22 hallazgos administrativos, de los cuales once podrían tener implicaciones fiscales y diecisiete podrían llevar a sanciones disciplinarias, lo que pone en riesgo la correcta administración de propiedades sometidas a extinción de dominio.
Entre las deficiencias más preocupantes se encuentran problemas en el seguimiento de inventarios y fallas en la coordinación interdepartamental, así como dificultades en los procesos de desalojo de inmuebles ocupados. La falta de un control efectivo podría resultar en un deterioro de los bienes y, en consecuencia, en menores ingresos para el Estado, lo que subraya la necesidad urgente de que la SAE implemente un plan de mejora en su gestión.
