La Fiscalía General del Estado informó un “considerable aumento” en la práctica de pruebas preconstituidas con menores de edad tras la reforma legal de 2021. Al mismo tiempo, advirtió sobre dificultades para aplicar este procedimiento de manera adecuada en algunos territorios, vinculadas con deficiencias técnicas, falta de recursos y escasez de profesionales durante los turnos de guardia.
La prueba preconstituida consiste en registrar previamente el testimonio de los menores para que deban realizar una única narración de los hechos. El objetivo es evitar que tengan que repetir su relato en varias oportunidades o comparecer nuevamente durante el juicio oral.
Según la memoria anual de la institución, publicada el jueves, existen “múltiples referencias” al incremento de esta práctica como consecuencia de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. El documento también destaca la expansión del modelo Barnahus, orientado a la atención de niños y adolescentes víctimas de violencia.
La Fiscalía menciona particularmente la situación de Barcelona, donde en 85 casos no se consideró necesaria la presencia de menores víctimas en el juicio y se utilizó la prueba preconstituida. Sin embargo, también señala que los problemas técnicos durante las declaraciones —como el mal sonido o la mala calidad de la imagen— generaron dificultades y, en algún caso, derivaron en la impugnación de la prueba por parte de la defensa.
