Más de 470 contratistas del Estado colombiano han presentado una denuncia anónima ante la Procuraduría General de la Nación. En este documento, se exponen supuestas presiones políticas y exigencias económicas provenientes de entidades estatales, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), especialmente en el contexto de las elecciones programadas para el 8 de marzo de 2026.
Los denunciantes aseguran que han sido coaccionados a participar en actividades políticas y a ceder parte de sus salarios para financiar campañas electorales, bajo la amenaza de que sus contratos no serán renovados. Además, se mencionan prácticas como la recopilación de datos personales para invitar a familiares y amigos a eventos de campaña, así como la obligación de asistir a reuniones que no están relacionadas con sus funciones contractuales.
En el texto presentado ante la Procuraduría, se destaca una “subordinación directa” que sufren los contratistas, quienes deben cumplir horarios similares a los empleados permanentes. También se indica que aquellos que se niegan a participar en actividades proselitistas reciben advertencias sobre la posible finalización anticipada de sus contratos. La denuncia señala que, aunque algunos funcionarios de mayor rango evaden estas exigencias, son los contratistas con menores ingresos quienes enfrentan una presión constante por la continuidad de su empleo, lo que genera un ambiente de temor y vulnerabilidad.
