La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación fiscal tras la denuncia realizada por la diputada Jennifer Pedraza. Esta denuncia se centra en la supuesta firma irregular de 91 contratos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante el periodo de vigencia de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó el 8 de noviembre de 2025.
Pedraza confirmó la apertura de la investigación a través de un documento emitido por Nivaldo Hernán Onatra Campo, quien lidera la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría. En su cuenta de X, la diputada expresó su satisfacción por el avance de la denuncia, subrayando que es fundamental proteger tanto a la infancia como a los recursos públicos destinados a su bienestar.
La denuncia se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre la contratación pública del Gobierno. Según Pedraza, el ICBF habría realizado 12 nuevos contratos por un total de $25.812 millones, lo que contraviene la normativa de la Ley de Garantías. Adicionalmente, 79 contratos fueron prórrogas de procesos que no se completaron antes de la entrada en vigor de la ley, lo que, según la congresista, podría ser legal, aunque genera dudas sobre la transparencia del proceso contractual.
