La EPS Famisanar, actualmente bajo intervención por parte del Gobierno nacional, se encuentra en el centro de la controversia tras una denuncia realizada por el congresista Andrés Forero, miembro del partido Centro Democrático. Según el legislador, la entidad habría otorgado un contrato por un monto de $4.095 millones a una empresa ubicada en Córdoba, una provincia donde Famisanar no cuenta con afiliados.
El contrato, que fue suscripto entre Famisanar S.A.S. y la firma Oslo Ltda., tiene como objetivo la prestación de servicios de consultoría para el fortalecimiento institucional y la mejora de procesos administrativos y tecnológicos. Sin embargo, las investigaciones revelan que el objeto social de Oslo Ltda. no está directamente relacionado con la atención en salud, lo que genera dudas sobre su idoneidad para ejecutar el proyecto.
Además, el contrato estipula un desembolso mensual de $585.022.026 más IVA, con vigencia desde el 2 de enero hasta el 31 de julio de 2026. La Defensoría del Pueblo también ha manifestado su inquietud, reportando un aumento del 6% en las quejas de usuarios de Famisanar durante 2025, lo que ha llevado a la creación de mesas técnicas en varias regiones para asegurar un monitoreo más efectivo de la situación. La alerta sobre este contrato se enmarca en un contexto de creciente escrutinio sobre las EPS intervenidas, en medio de acusaciones de mala gestión y posible mal uso de recursos públicos.
