La detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, el 13 de marzo de 2026, ha revelado nuevos aspectos sobre su operativa en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro ha solicitado su captura. Marset, quien enfrenta acusaciones por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, utilizó un entramado de empresas legales para encubrir sus actividades delictivas.
El análisis de una investigación conjunta entre OCCRP y CLIP señala que Marset, de 34 años, mantuvo su control sobre el 85% de una firma registrada en Colombia, a pesar de las evidencias que cuestionan su identidad. Este modus operandi, que ya había sido implementado en Paraguay, le permitió ocultar ingresos ilegales bajo la apariencia de promotor de eventos, apoyándose en una red mediática que cuidaba su imagen.
La magnitud del narcotráfico de Marset se evidenció cuando la Fiscalía de Paraguay, a través de la operación “A Ultranza Py”, confiscó 17.340 kilogramos de cocaína vinculados a su organización y a Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”. Se estima que esta carga tenía un valor de aproximadamente USD 433 millones si hubiera llegado a su destino en Europa. Las conexiones entre Marset y “Tío Rico” se establecieron a través de empresas que facilitaban el lavado de dinero en actividades aparentemente legítimas.
