La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática reclamó explicaciones a la empresa responsable del servicio de traducción al catalán en los tribunales, luego de los problemas registrados durante el juicio a cuatro policías nacionales acusados por la mutilación de un ojo a Roger Español durante el 1-O. Los abogados de la causa debieron renunciar a utilizar el catalán debido a la falta de solvencia de los traductores asignados.
El departamento informó que se dirigió a la compañía para que aclare los incumplimientos que pudieran haberse producido. El objetivo, según la Conselleria, es garantizar que el servicio se preste de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
La medida fue comunicada después de que Irídia, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, que intervienen como acusación particular y popular en el proceso, junto con las entidades impulsoras de la campaña “Justícia per Roger”, calificaran como “intolerable la vulneración de derechos lingüísticos” ocurrida durante el juicio.
Las organizaciones denunciaron que, durante la segunda sesión, los abogados tuvieron que “autotraducirse al castellano”. También señalaron que no pudieron formular en catalán preguntas a algunos testigos porque la persona encargada de la traducción no podía desarrollar la tarea con solvencia. A su entender, la situación vulneró la Carta de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante la Justicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, denunciaron una “falta de transparencia” en relación con lo sucedido.
