Las recientes lluvias extraordinarias han dejado una profunda huella en el país, afectando no solo las cifras de precipitaciones, sino también cerrando aulas y saturando suelos, mientras las comunidades luchan por recuperarse de la crisis. En respuesta a esta situación, el Gobierno nacional emitió el 24 de febrero cinco decretos que delinean las acciones a seguir en el marco del estado de emergencia económica declarado en ocho departamentos.

Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), más de 115.000 familias han sido afectadas en 161 municipios, siendo Córdoba una de las provincias más perjudicadas, con alrededor de 78.000 damnificados. Las nuevas normativas buscan mitigar el impacto de esta emergencia, asegurando la alimentación de más de un millón de estudiantes que dependen de programas gubernamentales.

Uno de los puntos esenciales de esta estrategia es la intervención en el ámbito ambiental. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, detalló que se utilizarán recursos provenientes de los generadores de energía, quienes aportarán un 2% de sus ventas brutas para atender la emergencia. Además, el decreto establece modificaciones en los procesos de monitoreo de las hidroeléctricas y simplifica trámites ambientales relacionados con agua y saneamiento. La ministra enfatizó que estas medidas se aplicarán exclusivamente en las áreas afectadas y estarán destinadas a proyectos que faciliten la recuperación de la emergencia.