La administración de Gustavo Petro ha logrado recaudar más de $200 billones en Colombia, una cifra histórica en el ámbito fiscal del país. Esta recaudación se ha conseguido mediante una serie de medidas excepcionales que incluyen impuestos temporales, traslados significativos de fondos pensionales, la nacionalización de ahorros y colocaciones masivas de deuda.

Analistas y gremios señalan que el objetivo de estas acciones es fortalecer las arcas del Estado en un año marcado por la contienda electoral y las dificultades en la aprobación de reformas en el Congreso. A inicios de 2026, el Gobierno declaró una emergencia económica para enfrentar las severas inundaciones que afectaron a Córdoba, Antioquia, La Guajira y otros departamentos. Como parte de esta estrategia, se instauró un impuesto temporal al patrimonio que impacta a empresas con activos superiores a $10.474 millones, estimando el Ministerio de Hacienda un recaudo de $8 billones, aunque otras proyecciones sugieren que podría alcanzar los $13,5 billones.

El nuevo tributo tiene un impacto considerable en bancos y empresas del sector minero-energético, que deberán afrontar una tarifa del 1,6%. Esta decisión ha sido criticada por algunos sectores, quienes consideran que representa un desincentivo al ahorro. Además, el decreto permite la contratación directa y otorga a la Agencia Nacional de Tierras la capacidad para expropiar terrenos en áreas afectadas, generando preocupación entre empresarios. En el ámbito pensional, el Ministerio del Trabajo ha propuesto un decreto que permitirá trasladar más de $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones, afectando a aproximadamente 120.000 afiliados, lo que ha suscitado debates sobre la seguridad jurídica de estas medidas.