A principios de febrero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España presentó un nuevo observatorio destinado a supervisar las bajas médicas en el ámbito laboral. Esta medida surge tras un informe de la AIReF que alertó sobre el incremento del 60% en la incidencia de bajas desde 2017, lo que ha generado preocupación por el impacto económico en las empresas y su productividad. La AIReF ha señalado que un marco normativo demasiado garantista podría ser la causa del aumento de estas incapacidades temporales, lo que ha llevado a solicitar un mayor control sobre la situación de los trabajadores enfermos.

Sin embargo, la propuesta ha encontrado resistencia por parte de los sindicatos, que advierten sobre posibles recortes en derechos laborales y cuestionan la efectividad de aumentar la vigilancia para abordar un problema de salud. A su vez, un estudio reciente ha puesto de manifiesto la escasa eficacia de la estrategia de suspensión del sueldo durante los primeros tres días de baja médica como un medio para reducir tanto el número como la duración de las ausencias.

En España, los trabajadores suelen promediar 4.9 semanas de baja al año, posicionándose como la tercera cifra más alta en la Unión Europea. Aunque el sistema de bajas laborales español es más estricto en comparación con otros países, la relación entre la penalización económica y la reducción del absentismo no resulta tan clara. Países como Noruega y Finlandia, que ofrecen compensaciones desde el primer día de ausencia, presentan un número elevado de días de baja, mientras que otros, como Lituania, muestran que un sistema más generoso no necesariamente se traduce en un mayor absentismo.

Las estadísticas indican que no existe un patrón definible que relacione la eliminación o reducción del salario durante las bajas con una disminución significativa en la duración de las ausencias. En este contexto, España se enfrenta a un desafío complejo que requiere una revisión exhaustiva de sus políticas laborales.