La Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo que invalida los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, alineándose con decisiones anteriores de jueces en casos individuales. Esta resolución abre la puerta a una serie de litigios que podrían extenderse por varios años, ya que empresas nacionales afectadas buscan reparaciones por los daños ocasionados.
De acuerdo a la Constitución estadounidense, la facultad para establecer aranceles recae en el Congreso, tal como se establece en el Artículo I, Sección 8. Sin embargo, a lo largo de la historia, el Poder Legislativo ha delegado ciertos poderes al Presidente, lo que incluye la “Trade Promotion Authority”, que permite la negociación de tratados comerciales. Uno de los marcos legales que Trump utilizó para justificar sus aranceles fue la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa) de 1977.
El caso que llegó a la Corte Suprema, conocido como Learning Resources Inc. vs. Trump, concluyó que la Ieepa no otorga al Presidente las facultades necesarias para imponer los aranceles en cuestión. La Corte subrayó que el mandato delegado permite regular el comercio, pero no se puede utilizar para establecer aranceles de manera arbitraria. Este fallo se suma a otros precedentes donde la Corte ha limitado el alcance de poderes delegados cuando estos no son explícitos, como en el intento de Biden de condonar deudas estudiantiles, que también fue declarado fuera de su autoridad.
