El gobierno de Gustavo Petro está impulsando un proyecto que prevé trasladar alrededor de $25 billones de fondos de pensiones privados a Colpensiones en un breve lapso de 15 días. Esta propuesta ha suscitado un intenso debate debido a sus posibles repercusiones en el sistema financiero colombiano y el futuro del ahorro para la jubilación. Diferentes sectores, incluidos empresarios, expertos y políticos, han expresado su preocupación por los riesgos económicos y legales que podría acarrear esta medida.

El plan contempla la transferencia de recursos de cuentas individuales administradas por fondos privados a Colpensiones, argumentando la necesidad urgente de mejorar el flujo de caja y realizar ajustes administrativos. Sin embargo, este proceso se lleva a cabo en un contexto de incertidumbre respecto a la Ley 2381 de 2024 y el auto 481 de 2025 de la Corte Constitucional, lo que complica aún más la situación jurídica.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), ha manifestado su inquietud respecto a las implicaciones del proyecto, advirtiendo sobre un posible aumento en el costo de la deuda nacional. Según él, esto podría incrementar la tasa que deberá abonar el Estado, elevando así el costo financiero de la deuda, que ya consume más del 25% del presupuesto nacional. Asimismo, el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, enfatizó que esta acción podría resultar en un descalabro para las finanzas públicas, generando un déficit fiscal a largo plazo.