El reciente Decreto 0175 de 2026, emitido por la administración del presidente Gustavo Petro, ha suscitado un intenso debate en Colombia debido a su contenido polémico. Este decreto, implementado en el contexto de la emergencia económica provocada por la crisis invernal en la Costa Atlántica, habilita a las entidades del Estado a realizar contrataciones directas sin las restricciones habituales, lo que contradice la Ley de Garantías vigente durante el periodo electoral.
La senadora Angélica Lozano ha señalado que el decreto permite a las instituciones públicas adquirir bienes y servicios esenciales para enfrentar la emergencia sin necesidad de seguir los procesos competitivos de selección que normalmente requieren. Esto se interpreta como una apertura a la adjudicación de contratos de manera directa, facilitando así el uso de recursos públicos en un momento crítico y susceptible a irregularidades.
Lozano ha calificado esta disposición como una "perla" incluida en el decreto, llamando la atención sobre la eliminación de los límites a las adiciones de contratos estatales, que habitualmente restringen los aumentos a un 50% del valor original. Según lo estipulado, los contratos relacionados con la emergencia podrán incrementarse indefinidamente, generando preocupación sobre la transparencia y el control del gasto público en un periodo electoral, donde la rendición de cuentas es fundamental.
