El Consejo de Estado se prepara para tomar una decisión clave respecto a la demanda presentada por la Procuraduría General de la Nación, que busca anular el convenio firmado entre Colombia y Portugal para la producción de un nuevo modelo de pasaportes. Este conflicto ha generado tensiones entre el Ministerio Público y el presidente Gustavo Petro, dado que el contrato en cuestión supera los 185.000 millones de pesos y su ejecución podría extenderse hasta finales de 2026.

Recientemente, el magistrado José Elver Muñoz, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desestimó un recurso de reposición planteado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, permitiendo que la demanda de la Procuraduría avance. En respuesta, el Fondo Rotatorio de la Cancillería presentó una apelación ante el Consejo de Estado, buscando interrumpir el proceso judicial. La controversia se centra en una cláusula del convenio que estipula que cualquier conflicto debe ser resuelto por un tribunal de arbitraje internacional, argumento que ha sido central en las defensas del gobierno.

El Tribunal de Cundinamarca ratificó su competencia para tramitar el caso, al considerar que la demanda se presentó dentro de los plazos establecidos por la ley. La situación ha escalado a un debate político, donde el presidente Petro ha cuestionado las motivaciones de la Procuraduría, sugiriendo que detrás de sus acciones hay intereses vinculados a las elecciones nacionales. Además, se ha alertado sobre un nuevo contrato similar al anterior, cuyo valor podría también superar los 185.000 millones de pesos, aunque aún no se ha definido su fecha de inicio. La decisión del Consejo de Estado será determinante para el futuro del convenio internacional sobre los pasaportes.